Violencias sexuales, un debate sobre el poder

Quiénes somos y por qué este texto

Desde algunos feminismos autónomos, queremos aportar al debate sobre el abordaje de las violencias sexuales mediante este texto, con el objetivo de construir, de forma colectiva, un horizonte común para su erradicación. Para ello, hemos creado un espacio de reflexión colectiva que nos ha permitido compartir los aprendizajes acumulados a lo largo de nuestro recorrido. Este camino ha estado marcado tanto por el activismo en la gestión comunitaria de las violencias y la lucha antirrepresiva, como por nuestra experiencia profesional en los ámbitos de la educación, el derecho, el acompañamiento terapéutico, la academia y el periodismo.

El debate sobre el abordaje de las violencias sexuales

El disenso y la problematización son características esenciales e irrenunciables de los feminismos, ya que nos permiten replantear los marcos y las respuestas frente a todas las formas de violencia que enfrentamos. Sin embargo, consideramos que cualquier debate sobre violencias sexuales debiera distinguir con claridad entre los planos filosófico, político y judicial, y asumir que los discursos que sostenemos pueden ser utilizados para reforzar el sistema.

El debate sobre el abordaje de las violencias sexuales ha sido, y seguirá siendo, necesariamente complejo. No puede tratarse desde la simplificación, las falsas dicotomías o la resignificación de conceptos que desdibujan los marcos de análisis feministas, los cuales han sido generados de forma crítica y consensuados colectivamente. Por ello, reivindicamos la recuperación de algunos conceptos e ideas clave que resultan útiles para disipar dudas y reubicar el debate en torno a estas violencias.

Conceptos clave

. Las violencias sexuales no son un conflicto interpersonal; son fenómenos estructurales y estructurantes, ya que actúan como dispositivos disciplinantes. Su función social es la de sostener un orden social patriarcal, capitalista, clasista, racista, colonial, capacitista, edatista y adultista.
. El racismo y el colonialismo están en la base de la propia configuración de las violencias sexuales y de los daños específicos que provocan.
. La impunidad que rodea estas violencias reside en un entramado de privilegios, que reflejan cómo, en muchas ocasiones, quienes las perpetran reciben mayor consideración y protección social que quienes las enfrentan.
. Muchas de estas violencias están normalizadas o banalizadas, porque hunden sus raíces en los imaginarios sociales y las normas culturales que perpetúan su existencia.
. El uso de la expresión “violencias sexuales” tiene como propósito visibilizar su diversidad, desde lo simbólico hasta lo físico, y trazar una línea de continuidad entre todas ellas. Sin embargo, nombrarlas así no implica considerar que todas deban recibir el mismo reproche social, político o penal.
. La intensidad de las violencias ha de medirse no solo por su impacto concreto en la persona agraviada, sino también por las consecuencias sociales derivadas de la acumulación de esas violencias individuales.
. Las violencias sexuales deben ser abordadas principalmente desde la prevención, y, dentro de esta, a través de la educación sexual y la deconstrucción de la masculinidad patriarcal, y de los mandatos de género que están en su origen.
. La responsabilidad sobre las violencias sexuales es compartida entre quienes las ejercen, la comunidad que no articula mecanismos eficaces para prevenirlas y las instituciones que deberían integrar la prevención en nuestros sistemas educativos, de salud, sociales, familiares y simbólicos.
. Es fundamental reconocer las diversas y significativas dimensiones del daño provocado por las violencias sexuales. Al mismo tiempo, es necesario revisar el concepto de víctima, de modo que no se refuercen los mandatos de género y los estereotipos racistas, y se reconozca su agencia y su capacidad de resiliencia.
. La erradicación de las violencias sexuales requiere de herramientas educativas, comunicativas, culturales, sociales y comunitarias, tanto teóricas como prácticas, porque las leyes por sí solas no tienen la capacidad de resolver problemáticas sociales y suelen generar violencias institucionales y dejar fuera a las mujeres migrantes, racializadas, con diversidad funcional, jóvenes, empobrecidas, presas, trabajadoras sexuales y diagnosticadas. Ello no es incompatible con reconocer la contribución de algunas leyes en el avance del reconocimiento de derechos.
. Las propuestas feministas para abordar las violencias sexuales debieran enfocarse en promover la soberanía corporal y la autonomía sexual de las mujeres, disidencias e infancias. También han de estar orientadas a la reparación, las garantías de no repetición y la transformación social, tanto a nivel individual como colectivo.

El consentimiento sexual

. Es fundamental que problematización de las violencias sexuales vaya más allá del debate sobre el consentimiento sexual, dado que este no es aplicable en las violencias cometidas contra las infancias, las personas inconscientes, privadas de libertad, institucionalizadas, en frontera o en contextos bélicos. En otros contextos, el consentimiento debe ser analizado teniendo en cuenta las relaciones de poder y la perspectiva interseccional, por ejemplo, el ámbito laboral, especialmente en el caso de las temporeras y de las trabajadoras internas.
. El consentimiento sexual ha sido útil principalmente en los procesos judiciales, donde ha servido como criterio delimitador, siempre interpretado dentro de su contexto específico.
. El consentimiento depende de la voluntad, no del deseo, y presupone un contexto de libertad en el cual esta voluntad pueda expresarse y materializarse. La Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual incorpora este criterio, añadiendo elementos relevantes, como el hecho de que el consentimiento no se debe presumir y que debe ser afirmativo, es decir, deducido de los actos concluyentes que exterioricen la voluntad de la persona. Esta distinción entre voluntad y deseo resulta clave para, por ejemplo, no poner bajo sospecha o incluso negar la capacidad de consentir de las, los, les trabajadores sexuales, y promover la garantía de sus derechos.

Las estrategias de abordaje de las violencias sexuales

. Compartimos el enfoque antipunitivista propuesto por la criminología crítica y por los feminismos de base, que rechazan tanto la idea retributiva como la neutralización de las personas. El endurecimiento de las penas no conlleva una reducción de la criminalidad, y el derecho penal por sí solo no resuelve los conflictos sociales. De hecho, termina multiplicando las discriminaciones, afectando tanto a las agraviadas como a los sectores sociales más precarizados, criminalizando a los hombres racializados y de clases empobrecidas.
. La respuesta estatal no debe limitarse únicamente a la intervención del derecho penal, considerando la alta tasa de infra denuncia de las violencias sexuales y el hecho de que no todas las violencias sexuales encajan en el Código Penal, ni es deseable que lo hagan.
. Las estrategias de respuesta a las violencias sexuales no han de ser dicotómicas ni excluyentes. Pueden ser diversas y complementarias; la respuesta comunitaria no excluye la intervención estatal, ni viceversa. El abordaje comunitario de las violencias sexuales, de hecho, sugiere una variedad de estrategias, que van desde la implementación de protocolos hasta la autodefensa feminista.
. Las medidas no son en sí mismas punitivistas o antipunitivistas, sino que reclaman analizar en cada caso si están justificadas en base a factores como su finalidad, la asimetría social entre la persona agraviada y el responsable, la implicación de este en la reparación del daño o el transcurso del tiempo desde la agresión, entre otros.
. La autodefensa feminista es una estrategia válida y justificada, que opera bajo la lógica de la reacción defensiva.
. Las violencias sexuales son contextuales; cada situación está atravesada por ejes de poder concretos y requiere de herramientas y enfoques específicos e interseccionales.
. Responsabilizar a la persona agraviada por la violencia sufrida, o evaluar la mayor o menor “adecuación” de su respuesta frente a ella, es un mecanismo que la sociedad usa habitualmente para desrresponsabilizarse a sí misma y al responsable.
. Las estrategias para abordar las violencias sexuales deben centrar sus esfuerzos en las necesidades de la persona agraviada: protección, acceso a la verdad, garantía de no repetición y reparación. La reparación suele requerir que la comunidad reconozca tanto el daño causado como la capacidad de resiliencia de la persona agraviada. Esta reparación tiene una dimensión tanto individual como colectiva, a través de la transformación de las estructuras y dinámicas que han posibilitado las violencias sexuales. Cuando la reparación no proviene del infractor, la comunidad debe asumir esa responsabilidad.
. La justicia restaurativa, ya sea estatal o comunitaria, debe orientarse hacia la responsabilización, la reparación, la garantía de no repetición y la transformación de las estructuras que han permitido esas violencias; de lo contrario, podría contribuir a la impunidad y a la revictimización.

La cultura de la responsabilidad discursiva

Los posicionamientos sobre las violencias sexuales que sostenemos tienen un impacto directo en las agraviadas y en la sociedad, del que es muy importante hacernos cargo. En un momento histórico de avance de la extrema derecha, de intensificación y sofisticación del machismo y de serio retroceso de derechos, apelamos a una cultura de la responsabilidad personal y colectiva que tenga en cuenta cómo nuestros posicionamientos pueden ser utilizados para deslegitimar marcos y herramientas históricamente consolidados, que siguen siendo nuestro mejor baluarte de resistencia.