“Urge abrir el foco, cambiar el marco del debate y politizarlo”

El caso Errejón ha suscitado un amplio debate público en la sociedad y, obviamente, también dentro de un feminismo muy plural. En esta entrevista Justa Montero, veterana activista feminista y social y miembro del Consejo Asesor de viento sur, nos ofrece su punto de vista sobre este debate muy necesario y a la vez, como ella misma sostiene, complejo y con muchas aristas.

Viento Sur: La denuncia de agresión sexual a Iñigo Errejón y los testimonios posteriores han dado lugar a un intenso debate público. ¿Dónde crees que está el foco del debate?

Justa Montero: Más allá del recorrido judicial al que va a dar lugar la denuncia (o denuncias) por agresión sexual a Iñigo Errejón, el impacto ha sido demoledor. A la denuncia se sumó una lamentable carta, llena de eufemismos, en la que de forma vaga reconocía su conducta al tiempo que se exculpaba sin pedir perdón. Resultó demoledor por tratarse de un cargo político con una exposición pública enorme, de un partido de izquierda de la llamada nueva política declarado feminista.

El alcance que ha adquirido este caso ha producido un debate público de largo recorrido que puede marcar un antes y un después en la comprensión de lo que son las violencias sexuales. Un debate que no es fácil porque tiene muchas aristas y muestra la complejidad del abordaje personal y social de estas violencias machistas.

Así, de primeras, lo que revela es algo que el movimiento feminista viene planteando desde hace muchos años, desde que la violencia sexual forma parte de su agenda: que la violencia sexual, en sus distintas manifestaciones, está más normalizada de la percepción social que se tiene; que no existe un perfil de hombre acosador y agresor, es decir, que la violencia sexual puede venir de la mano de respetables ciudadanos, padres de familia (¿o no lo parecía Dominique Pelicot, el jubilado francés que organizó la violación de 92 hombres a su mujer?), puede venir de curas, compañeros, familiares, profesores…

En el caso de Iñigo Errejón, el debate ha venido empujado además por un tratamiento mediático amarillista, moralista y sensacionalista, capaz de convertir el dolor en un espectáculo (un programa de televisión llegó a reproducir con artistas las escenas referidas en la denuncia) y ha producido un señalamiento, a modo de linchamiento, creando un monstruo merecedor de una condena de por vida. Algo propio del populismo punitivo y ajeno a una ética feminista, cualquiera que sea el proceso y la persona.

Pero, como señala Paola Aragón en su artículo “Reconstruir al monstruo”, esto tiene un objetivo, una clara intencionalidad política. Es volver a instalar en el imaginario colectivo la idea del agresor como un monstruo, un tratamiento que le da el carácter de excepcionalidad, de algo fuera de lo normal, evitando así cualquier identificación con el problema que lo ha generado, creando un sentimiento de ajenidad. Esto, lo estamos viendo, tiene un efecto tranquilizador, inmediato, para la sociedad, para los hombres y de engaño para las mujeres.

De los artículos escritos por hombres que he leído estos días (de todo tipo en la escala ideológica), y seguro que hay más y que en redes habrá comentarios que tampoco he leído, hay muy, muy pocos que se hayan sentido interpelados; vamos, se pueden contar con los dedos de una mano y todavía sobran (en este medio se ha publicado uno de Martí Caussa, “Errejón y nosotros”. Es sorprendente cuánto es lo que los hombres tienen mucho que decir y replantearse (y en este caso muy particularmente los hombres heterosexuales) desde el lugar social que ocupan sobre su masculinidad, las relaciones que mantienen, su participación en construir relaciones placenteras para unos y otras…. Pero muy al contrario, en algunos casos han caído en culpabilizar al feminismo y sus excesos.

Otra de las reacciones problemáticas que han aparecido en el debate son las que vienen cargadas de tintes moralistas. En lugar de calificar las prácticas sexuales, independientemente del tipo que sean, en función de la existencia o no de consentimiento, y por tanto de su consideración como agresión o no, de la interpretación de testimonios fuera de contexto pareciera que cualquier práctica sexual insatisfactoria en un momento dado, no placentera o directamente desagradable, fuera agresión. Y banaliza la expresión de cada mujer de sus vivencias sexuales.

El amarillismo, el moralismo están contribuyendo a despolitizar el debate abierto, así que urge abrir el foco, cambiar el marco del debate y politizarlo, abrir el foco de atención de la violencia sexual, y junto al plano estrictamente individual, que es importante y requiere verdad, justicia y reparación para las mujeres que lo han sufrido, enfrentarnos también a lo que las violencias sexuales tienen de estructural, en las estructuras sociales y las relaciones de poder patriarcal y discriminatorias que las sustentan.

Querría hacer un paréntesis para comentar cómo, sorprendentemente, el debate ha venido acompañado de un ajuste de cuentas cruzado, salvo honrosas excepciones, entre quienes han formado parte de Podemos y Sumar. No digo que no tenga ninguna relación, es evidente que los hiperliderazgos, las estructuras jerárquicas, los espacios poco democráticos y el autoritarismo abonan el ejercicio de poder, pero se tendría que buscar otros espacios para estos relatos con el fin de evitar desviar la atención, porque, de hecho, en esos relatos desaparece el problema de la violencia sexual y de las mujeres que la sufren.

V. S.: ¿Por qué crees que se han expresado las denuncias de este y otros casos en las redes sociales y no desde ámbitos colectivos de los partidos o de los espacios en que se producen?

J. M.: Bueno, en general hay muy pocas mujeres que denuncien violencia sexual. Según los datos disponibles, que son de la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019, solo el 11,1% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado (ella u otra persona por ella); este porcentaje baja al 8% si la denuncia la presenta solo la mujer que ha sido agredida. En el caso de las violaciones, el porcentaje de mujeres que denuncian es algo superior, pero tan solo del 18%.

No hay un solo motivo que lo explique. La mayoría de las agresiones sexuales se producen en entornos cercanos en los que transcurre la vida cotidiana de las mujeres: en la familia, en los curros, en la universidad, entre amigos, en la iglesia, en diversos centros. Ni tan siquiera en el caso de las violaciones es la calle en donde se realizan la mayoría, como sí sucedió en el caso de la manada. En muchos casos median relaciones jerárquicas, de poder y son difíciles de denunciar por el miedo a las repercusiones inmediatas en el entorno, por situaciones de precariedad, por ejemplo, en el ámbito laboral. Hay mujeres que, aunque quisieran no podrían denunciar; es lo que les sucede a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular porque la ley las dejó fuera al no modificar la ley de extranjería y así, si denuncian, se pueden ver expuestas a un expediente de expulsión.

De ahí que cuando ha sido posible, porque las mujeres se han sentido respaldas por la movilización feminista y se les ha ofrecido un espacio para hablar, se ha producido las explosión de testimonios anónimos. En las redes han encontrado ese espacio donde poder contarlo y sentirse acompañadas, reconociéndose unas en los relatos de otras. Esto tiene una enorme importancia política porque el primer paso para avanzar es dar el paso a la voz de las mujeres. Y en los testimonios narran experiencias que en ocasiones pueden ser constitutivas de delito, en otras se relatan prácticas machistas de gilipollas y machirulos; en cualquier caso, permiten conocer la diversidad de vivencias y el distinto impacto que tienen las distintas modalidades de violencia sexual en las mujeres.

El que hayan sido las redes donde se ha canalizado este volcado, con ciertas garantías, abre muchos interrogantes porque las redes, como todo el mundo sabemos, no están exentas de problemas. Pero la alternativa que se ha planteado desde las instituciones y algunos feminismos, que es la denuncia como un proceso más garantista para las mujeres, en primer lugar hay que decir que se refiere a momentos distintos, porque una mujer puede querer dejar un testimonio de su vivencia, pero no querer denunciar ya que quizá su testimonio no se refiere a algo tipificado como delito, o porque si así fuera, tampoco lo quiere hacer.

¿Cómo no tener miedo a la culpabilización y a la revictimización, a acabar siendo juzgadas, al cuestionamiento y la exposición personal que supone? No hay más que recordar algunas preguntas en los juicios más conocidos, o al contrato de un detective por encargo de la defensa de los violadores de la manada para escudriñar la vida de la víctima. Hay una película y un documental que reflejan con rigurosidad todo ello. Me refiero a la reciente película Nevenka (la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada que denunció al alcalde, ambos del PP) de Icíar Bollaín; y el documental No estás sola sobre la violación múltiple de la manada en Pamplona, de Almudena Carracedo y Robert Bahart. En estos dos casos las mujeres ganaron judicialmente, las resoluciones tuvieron importantes implicaciones sociales y legales por el impacto que tuvieron, y permitieron que las mujeres siguieran adelante con sus vidas, aunque tuvieron que salir fuera de sus ciudades. Viéndolos es fácil comprender que una mujer no quiera someterse a ese tipo de procesos penales largos y duros.

Preguntabas por qué no se han llevado las denuncias a los lugares donde se producen. Todos los partidos han dicho que tienen aprobados protocolos contra el abuso o contra las violencias machistas. Pero los protocolos no son la garantía, junto a ellos tiene que haber una cultura política y organizativa sobre las violencias, contar con mecanismos para que pueda haber una escucha preventiva y segura para identificar comportamientos machistas, para el acompañamiento y la atención. En definitiva, para garantizar que son espacios políticos de relaciones seguras y amigables en los que se combate la cultura machista, que existan medidas para poner en marcha ante un testimonio o denuncia para garantizar la no repetición. No creo que exista una fórmula mágica, son los propios procesos de construcción del colectivo lo que marca y donde los grupos de mujeres en su interior tienen que tener legitimidad y autoridad.

V. S.: ¿Podrías explicar los motivos de la polarización entre posiciones punitivistas y antipunitivistas?

J. M.: Desde mi punto de vista, la cuestión central para avanzar hacia un horizonte de transformación es cómo lograr acabar con la impunidad que rodea las violencias sexuales y protege a los agresores y cómo garantizar la reparación a las víctimas. Impunidad y reparación son las dos partes que dan sentido a la exigencia de justicia y de garantías de no repetición, porque con impunidad nunca habrá reparación.

La pregunta que se hace el feminismo es ¿cuáles son las estrategias para enfrentar las violencias sexuales para que exista verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Y aquí es donde vuelve a aparecer el debate sobre punitivismo-antipunitivismo.

Una aclaración previa, porque a partir del caso Errejón se achaca posiciones punitivistas al feminismo como si de un conjunto homogéneo se tratara. Aunque hay un sector del feminismo que sí tiene una deriva punitivista, que es el más cercano a posiciones liberales, socialdemócratas o del feminismo clásico, no lo es en modo alguno del que llamaría el de las huelgas feministas. Lo aclaro porque sostener que hacer una denuncia legal es punitivista puede suponer banalizar el valor de una denuncia. Como señala Laia Serra (advocada penalista i feminista):

Precisamente, si algún movimiento político no ha dejado de revisarse, son los feminismos de base. No necesitamos lecciones sobre antipunitivismo, conocemos por experiencia propia la crueldad del sistema y el impacto de la represión y tenemos muy claro que el Derecho Penal no solo no resuelve problemáticas sociales, sino que multiplica las violencias. Siempre formó parte de nuestra ética y de nuestra apuesta emancipadora el estar en contra de la inocuización social. (pikaramagazine)

El debate con las posiciones punitivistas es muy importante y a raíz de la ley del “solo si es si”, del populismo punitivo que se expresó ante las reducciones de pena y las excarcelaciones, se profundizó y se amplió el debate sobre sus consecuencias. Hablar de punitivismo es mirar al Estado que es quien ostenta el monopolio de la violencia y del sistema carcelario y securitario que levanta, de todo su entramado legal de control social. Y el Estado ejerce la violencia sobre las mujeres de muchas formas, como recoge el libro Cuando el estado es violento de Ana Martínez y Marta Cabezas.

Pero el interés está centrado también, desde mi punto de vista, en el abordaje del antipunitivismo porque es lo que puede abrir nuevos horizontes a lo que llamamos justicia feminista. Hablo desde mi identificación con un feminismo que ha sido y es antipunitivista que ha hecho frente al populismo punitivo, crítico, por tanto, del sistema penal, de las cárceles y de su supuesto efecto preventivo. Nunca desde este movimiento feminista se ha puesto el foco en el aumento de penas, no es lo que se pedía en el caso de la manada de Pamplona, donde se reclamaba el cambio de consideración de la violencia, de acoso a violación múltiple.

Pero, y vuelvo a Laia Serra, este debate sobre el antipunitivismo no puede eclipsar la verdadera gran problemática, no resuelta, de qué hacer con la impunidad generalizada de las violencias y quién debe responsabilizarse de sus consecuencias. Es decir, cómo aterrizar esos acuerdos teóricos sobre el antipunitivismo deviene más complejo para la práctica política feminista, cuando hay que pegarse a la realidad concreta de las mujeres.

Y aquí es donde vuelve la complejidad. Comentaba antes cómo las mujeres pueden sentir la reparación de forma muy distinta: a través de una resolución judicial, en la que quizás lo que menos importe sea la pena, sino el reconocimiento formal de la agresión; en cómo puede ser un proceso reparador si tiene un acompañamiento profesional y social que sostenga a las mujeres; puede valer una reparación económica o sentirse reparada por el reconocimiento y la responsabilización del agresor en el entorno en el que se ha producido la agresión.Y todas ellas son igualmente legítimas y necesarias porque ponen el foco en las necesidades de las mujeres y cómo acabar con la impunidad y lograr su reparación.

Así que, por un lado, conocemos los problemas a los que se enfrentan las mujeres en procesos judiciales y no cabe ningún tipo de embellecimiento o mitificación. Pero lograr cambios, abrir grietas en el sistema que permita mejoras en la vida real de las mujeres, como el que las mujeres no tengamos que denunciar para acceder a los recursos, al tratamiento sicológico, que existan centros de atención específicos de urgencia, que la prevención social y en el ámbito educativo tenga centralidad (otra cosa es que se desarrolle realmente), que se siga confrontando a la justicia patriarcal, permite seguir responsabilizando al Estado de sus derivas patriarcales, autoritarias y punitivas y avanzar en el horizonte de una justicia feminista

Por otro lado, dentro de las posiciones antipunitivistas, se plantea la alternativa a la denuncia judicial como una justicia restaurativa/transformativa centrada en los procesos comunitarios de reparación y responsabilización individual y colectiva. Que existan algunas buenas experiencias de avanzar en la no impunidad y la reparación en el ámbito comunitario es muy importante y esperanzador. También lo es que haya mujeres y hombres que se impliquen en desarrollarlas para ir sumando y avanzar en pensar en la justicia feminista que se quiere. Pero tampoco conviene embellecerlo, porque tiene también sus limitaciones y dificultades. Estos espacios, en los que participamos, están también en proceso de construcción y están atravesados por la desigualdad. Cuando se ha planteado un caso de violencia sexual, en ocasiones se han producido dinámicas de revictimización de la mujer que ha hecho la denuncia en el colectivo. No siempre han sido experiencias positivas y la autogestión de la violencia no siempre se ha resuelto favorablemente. Plantearlo no de forma complementaria, sino alternativa genera problemas prácticos porque la inmensa mayoría de mujeres que sufren violencia sexual no participan ni tienen posibilidad de hacerlo en este tipo de comunidades y redes sociales y necesitan de otras herramientas.

Concluyendo, el antipunitivismo es algo que se va construyendo desde diversas prácticas con la esperanza de acortar distancias entre la justicia feminista a la que aspiramos y las conquistas puntuales que logremos: medidas preventivas, de atención integral a las mujeres que han sufrido violencia sexual, de transformación del sistema judicial, de construcción de colectivos y relaciones disfrutonas y satisfactorias, para mejorar la situación de quienes sufren violencias sexuales.

V. S.: ¿Cuál crees que ha de ser el papel del feminismo en este debate?

J. M.: Antes de nada, una aclaración, porque tal y como se está dando el debate público creo necesario volver a hablar de feminismos en plural. Se están haciendo demasiadas referencias al feminismo como si fuera un bloque compacto o un partido, y se trata de un movimiento plural. Así, se está silenciando, incluso sorprendentemente desde voces amigas, el feminismo de base que se ha alimentado de las huelgas feministas que, como he dicho, ha huido del punitivismo, que siempre ha planteado la agencia de las mujeres desde su condición de sujetas con capacidad ética para tomar decisiones sobre su vida, su identidad, sexualidad, sobre el placer y el amor, no como víctimas sino, incluso en las situaciones duras y difíciles, como sujetas activas para formular sus demandas. Se reivindica para todas, para las trabajadoras sexuales, para las personas trans, en relación a la maternidad, a las relaciones sexuales, para enfrentar las violencias. Es el feminismo que practica un enfoque interseccional para anclar el relato y las propuestas en las realidades concretas de las mujeres, a partir de sus condiciones materiales de vida y la subjetividad de cada una para lograr tener vidas dignas y libres de violencias. Creo que es lo que apunta a un camino más transformador.

Todo lo que se ha ido comentando no son más que breves anotaciones; como decía antes, es un debate complejo que cuantos más actores intervienen más aristas aparecen. Creo que tenemos que seguir dándole vueltas y haciéndonos muchas preguntas, así llevamos toda la vida. Combatir las violencias en los dos planos interconectados -el individual y el estructural- supone enfrentarnos a la subjetividad y la realidad material de las mujeres y hombres y a las estructuras de poder del sistema que generan y sustentan las violencias.

Estamos en un momento importante para consolidar y avanzar en lo conseguido, para ganar en la pugna por el relato que se ha desatado.

Frente al riesgo de un cierre moralista del debate, en el que entrarán con fuerza la derecha y extrema derecha, es una oportunidad para explicar los motivos de la defensa de nuestra agencia sexual y de nuestra lucha contra las violencias machistas. Y frente al riesgo del silenciamiento de las mujeres, no queda otra, como siempre: la organización y la movilización feminista. Porque la movilización feminista es también reparadora para muchas mujeres. Me gusta recordar las palabras de agradecimiento en el escrito que envió la mujer que sufrió la violencia de la manada: “Quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado en este camino. A toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar”.