Un paradigma de inhumanas políticas migratorias

[La Asociación Pro Derechos Humanos d Andalucía (APDH) acaba de publicar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013, cuyo PDF se puede encontrar al final de este artículo, y cuya lectura recomendamos vivamente. Este artículo sobre Melilla está incluido en el informe.]

El sábado 10 de marzo, un grupo de 52 hombres y mujeres eran engañados y deportados por el gobierno español a su país, República Democrática del Congo (RDC), tras sobrevivir a peligrosos viajes migratorios que habían comenzado incluso seis años atrás, cuando huyeron del territorio más pobre de África y de sus guerras. Habían sido objeto de una burla maquiavélica e ilegal del gobierno español.

Tras años de lucha por la supervivencia para llegar a suelo europeo, recalaron por fin en la Ciudad Autónoma de Melilla, donde el principal enemigo de los migrantes es el tiempo, la espera y la nada. Esta ciudad amurallada por una doble valla de siete metros de altura y parapetada por el mar, se convierte en una cárcel para las miles de personas que alcanzan este territorio pensando que será la antesala de la casilla de llegada. Sin embargo, una vez superada la valla metálica que circunda la ciudad de 12 kilómetros cuadrados, sólo les espera el Centro de Estancia Temporal para los Inmigrantes (CETI), un edificio en el que vivir durante meses hacinados -­con una capacidad para 450 personas, en 2012 llegó a albergar 800– comer tres veces al día y del que huir saltando las tapias cuando la Policía irrumpe para realizar redadas.

El resto, matar el tiempo: salir al descampado que lo rodea para estirar las piernas, respirar aire fresco y descansar la vista sobre un horizonte que se va difuminando según van pasando los meses y los años, con el existir como todo derecho, sin molestar, sin revelar con su sola presencia que Melilla mantiene anuladas a cientos de personas con la arbitrariedad de una política de extranjería que pendula entre las deportaciones a los países de origen y los traslados a la Península Ibérica dependiendo de las plazas disponibles en el CETI y los intereses de las relaciones internacionales.

Pero a veces, el miedo y el silencio se resquebrajan por el agotamiento. Y así fue como a principios del 2012, las mujeres y hombres congoleños -­ algunos de los cuales llevaban más de tres años en Melilla-­, decidieron dejar de ser invisibles y pedir su traslado a la Península a través de manifestaciones y huelgas de hambre ante la Delegación del Gobierno. Sabían que España no deportaba a la República Democrática del Congo (RDC) porque no existían acuerdos de repatriación y porque es de sobra conocido que es un país donde se violan los derechos humanos de la población civil. Finalmente, la Delegación del gobierno cedió ante las protestas y les comunicó que serían trasladados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la Península desde donde serían puestos en libertad tras agotar el plazo máximo legal de 60 días de encierro. Aquel fue un día de celebración y lágrimas de alivio. Se presentaron a la hora y lugar acordados para ser voluntariamente trasladados al CIE de Algeciras unos y otros al madrileño de Aluche.

Pocos días después, el sábado 10 de febrero, según nos contó telefónicamente una inmigrante boliviana detenida en Aluche, “fueron reunidos en los calabozos, se les ordenó que recogieran todas sus cosas, por lo que pensaron que iban a ser liberados. Pero empezaron a repartirles bocadillos y agua, y aquí cuando te van a soltar no te dan nada. Simplemente abren la puerta. Entonces sospechamos que iban a deportarlos”.

Según el relato de algunos de los expulsados, fueron reunidos en Barajas junto a los que trasladaron desde Algeciras. Entre ellos, algunos demandantes de asilo a los que se les había denegado. Sólo dos mujeres embarazadas se quedaron en España. La noticia llegaba a Melilla horas después, cuando algunos de ellos llamaron a sus compatriotas llorando para contarles que estaban en Kinshasa, capital de RDC, y que estaban siendo trasladados al Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa, donde hasta hace unos pocos años, morían diez personas al día por inanición y donde se encierran a los considerados opositores del régimen. El temor por sus vidas se extendía entre sus compatriotas en Melilla y en los activistas de la ONG Prodein, que siguió desde el principio el asunto.

Un año después, ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional –a la que nos derivó el Ministerio por haber realizado la repatriación–, ni la Delegación del gobierno en Melilla han aclarado en qué términos legales se realizó la deportación a un país al que hasta 2011, cuando lo hizo Chipre, ningún miembro de la Unión Europea expulsaba por los peligros a los que se exponía la vida de los retornados. Tampoco aclararon relevantes cuestiones que siguiendo instrucciones de las tres instituciones, les enviamos por escrito, tales como si, como denunciaron algunos de los afectados, fueron violentamente reprimidos cuando cinco de ellos se resistieron a subirse al avión al ver que iban a ser trasladados a su país.

Mientras, los congoleños que habían quedado en Melilla permanecían en estado de shock. Nos encontramos con ellos una semana después, cabizbajos, con la mirada perdida en el suelo o en el horizonte, sentados alrededor de una mesa en una de la treintena de chabolas que los inmigrantes habían construido en un cerro cerca del CETI para tener un sitio de expansión, un espacio personal, algo de intimidad -­también para las parejas que tienen que vivir separadas durante meses, puesto que en el CETI hombres y mujeres duermen separados-­, donde cocinar o donde, simplemente, fantasear con que esas tablas con techos cubiertos por plásticos y ese metro cuadrado de tierra donde se sentaban pudieran conferirles la sensación de hogar y tranquilidad.

“Ahora todos tenemos mucho miedo, no le importamos a nadie. Nosotros no somos políticos, pero el presidente Kabila considera que las personas que estamos en el extranjero somos un Ejército de opositores y en esa cárcel los mata. Ya nos hemos manifestado y nos han deportado. Tenemos mucho miedo. Ahora estamos aquí, no hablamos, no nos miramos…. En España, estás 60 días en la cárcel y te sueltan. Aquí en Melilla, algunos llevamos tres años…. Ya sólo nos queda esperar que sea lo que Dios quiera”, nos decía uno de los jóvenes paralizados por el peor escenario que podían imaginar.

Al día siguiente en el mismo sitio encontramos a un grupo de cameruneses. Era domingo y bajo la misma carpa comen un plato de carne con patata cocinado al estilo de su país. Los sabores y la compañía parecen dar tregua a la dimensión atemporal en la que se convierte para los extranjeros Melilla. “Es muy triste lo que les ha pasado. ¿Te imaginas pasar tres años esperando y ser enviado a una cárcel de tu país? No es justo, aquí si eres un chivato de la Policía española te vas a la Península en barco. Si no, te quedas”. El tema de los inmigrantes que revelan información y colaboran con la Policía sale continuamente en las conversaciones. Los llamados ‘chivatos’ y sus supuestos beneficios a la hora de ser puestos en libertad medran sus esperanzas, generan desconfianza dentro de las propias comunidades de inmigrantes y las desmovilizan a la hora de exigir unos derechos mínimos. Cualquiera puede ser sospechoso de colaborar con la Policía si es visto hablando con algún extraño.

A su lado otro hombre camerunés se une a la conversación. “Hace tres meses que en el CETI no nos dan medicinas si tenemos algún dolor. Sólo si es algo grave nos envían al hospital. No hay nada que hacer, ya no podemos ni limpiar coches porque lo han prohibido, así que no podemos ganar nada de dinero. Y al principio puedes vivir así. Pero cuando pasan seis meses, un año, un año y medio… Y ahora, con la deportación de los congoleses, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La nacionalidad ya no importa. Todos estamos en la misma situación. Es muy duro. Es demasiado duro…”.

Pero lo pesadilla de los congoleños no quedaba ahí. Dos meses después, en mayo, doce de ellos acudieron a la comisaría melillense donde les había citado la Policía. Fueron detenidos y trasladados al CIE de Tarifa (Algeciras). Los veinte congoleños que quedaron en la ciudad autónoma, temiendo seguir la misma suerte que sus compatriotas, abandonaron el CETI y se escondieron en los bosques colindantes con la frontera marroquí. Durante días, sólo salían de sus escondrijos para buscar agua y algo de comida mientras que, según el activista de Derechos Humanos y presidente de la ONG Pro Derechos de lnfancia (PRODEIN), José Palazón, policías irrumpían en el CETI de noche buscándoles y provocando el temor del resto de los internos, entre los cuales hay niños; y lo repetían vestidos de paisano en el comedor al mediodía. También denuncian que realizaron redadas por la ciudad identificando a las personas dependiendo del color de piel, una práctica que ha sido denunciada por la ONU, entre otros organismos, por considerarse discriminatoria –las llamadas redadas racistas–.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se personó en el CIE de Tarifa y se entrevistó con algunos de los congoleños detenidos. Asimismo interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar su intervención que fue respondida, seis meses más tarde, a finales de noviembre de 2011. El Defensor recogía en su carta que consultada, la Comisaría de Extranjería y Fronteras señala que los “ciudadanos expulsados fueron tratados con respeto por las autoridades congoleñas y que no se ajusta a la verdad que fueran represaliados o encarcelados”. Sin embargo, este organismo informa de que consultó también al ACNUR al que le consta que los expulsados pasaron detenidos entre “48/72 horas en Kin Maziere [servicios de inteligencia de la Policía) y que fueron consideradas sospechosas de ser miembros activos del UPDS”. Lo cual confirma que fueron recibidos como opositores al régimen, con la consiguiente exposición de sus vidas a la represión política. Y corrobora que “la información remitida por el Alto Comisionado es contraria a las informaciones contenidas en el escrito remitido por la Comisaría, si bien a juicio de esta Institución resulta fiable, dado que es transmitida por la propia Delegación del ACNUR en el terreno, es decir, en el país de que se trate, en este caso, la República Democrática del Congo”.

Y lo más relevante: “Por ello, hemos manifestado a la Comisaría General que, con el fin de cumplir el mandato del artículo 3 de la Convención Contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, antes de repatriar a ciudadanos extranjeros procedentes de países en conflicto o en los que se producen vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, esta Institución considera que se debería recabar información actualizada del país de destino”.

Gracias a la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco que realizó una pregunta parlamentaria sobre los acuerdos suscritos por España con otros países sobre expulsión o devolución de personas extranjeras, por fin hemos podido constatar que, según la respuesta del Ministerio del Interior, el gobierno de España no ha suscrito ningún acuerdo con el gobierno de la República Democrática del Congo, lo que deja abiertas graves cuestiones a las que la ciudadanía tiene derecho a tener conocimiento.

La doble discriminación a los solicitantes de asilo en la Ciudad Autónoma de Melilla

Emanuel Mukasa es un joven que logró huir de Uganda para salvar su vida después de crecer encerrado en un cobertizo cuidando perros y sin contacto con el mundo exterior. Ésta fue la forma que encontró un campesino de proteger a este albino de ser asesinado por las supersticiones que persiguen a estas personas en varios países africanos. Las personas albinas suelen ser rechazadas y abandonadas por sus familias por considerar que traen mala suerte al hogar o que son fruto de una infidelidad con un hombre blanco por parte de sus madres. Muchos de ellos son asesinados para emplear sus restos y su sangre en ritos de brujería.

Por ello, a los obstáculos y abusos que suelen sufrir los migrantes de origen subsahariano en su viaje a Europa, hay que añadir los que se cebaron con este joven que cuando lo encontramos en una de las chabolas en las que los inmigrantes buscaban un poco normalidad en los alrededores del CETI de Melilla; llevaba casi veinte meses esperando respuesta a su solicitud de asilo. “Me han hecho más de una docena de entrevistas y sigo aquí. Llevo un año y siete meses esperando en Melilla. Me han renovado tres veces mi solicitud de asilo y aquí sigo mientras que otros que llegaron mucho después ya están en la Península. No puedo hacer nada. Sólo estar todo el día preguntándome qué problema hay conmigo. ¿Es que nadie puede ayudarme?”.

Efectivamente Mukasa no había encontrado el respeto a su dignidad que esperaba de la Unión Europea, donde era consciente que es de sobra conocida la persecución a la que son sometidos los albinos en países como Uganda o Tanzania. Según ONG internacionales y organizaciones como Cruz Roja Internacional, por una mano se puede llegar a pagar 400 dólares y 65.000 por todo el cuerpo. Su sangre, como cuenta Emanuel, otorga supuestamente poderes sobrenaturales a quien la bebe. Pese a ello Mukasa no obtenía respuesta del gobierno español.

Uno de los argumentos recurrentes empleados por los países de destino para rechazar las demandas de asilo de las personas es alegar que son perseguidos por sus comunidades pero no por las autoridades públicas, con lo que podrían cambiar su residencia dentro de su país. Arsenio García, responsable del Área Jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que “este parámetro que se baraja a veces para denegar el derecho a asilo no aparece en la Convención de Ginebra ni en la misma ley de asilo. Y sí hay jurisprudencia en contra, que marca que en tal caso se tiene que decir a dónde tendría que irse esa persona y en qué condiciones. Es decir, el país que deniega asilo tiene que demostrar cómo esa persona puede encontrar en ese sitio de destino condiciones de vida dignas y asegurar que no van a ser perseguidos”.

Pero en este caso, al desamparo de haber pasado dos años esperando la resolución de su solicitud, hay que sumar el limbo al que Ceuta y Melilla someten a los solicitantes de asilo: desde marzo de 2010 no se les permite trasladarse a la Península Ibérica pese a que una vez reconocida su condición como tal, tienen derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional. ACNUR, el Defensor del Pueblo y cuatro sentencias del Tribunal Superior de Andalucía ya han denunciado que no se puede retener a estas personas en las Ciudades Autónomas, que nunca fueron sus destinos y que terminan convirtiéndose en una cárcel para ellas. De hecho, sus tarjetas identificativas son de un color distinto a las del resto del país, rojas en lugar de amarillas.

Tras la publicación de un reportaje sobre este caso en Periodismo Humano, el Defensor del Pueblo abrió de oficio un expediente por la ilegalidad de no permitir el tránsito de los solicitantes de asilo que lleva denunciando desde 2010 cuando el gobierno ya insistió en la corrección de su actuación, en virtud de la cláusula de reserva que sobre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se incluyó en el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. El Defensor volvió a mostrar su desacuerdo con la aplicación de éste, al que no están supeditas las Ciudades Autónomas, puesto que el documento es expedido por el Ministerio del Interior y supone el reconocimiento del derecho a la permanencia en territorio español.

Recientemente, el Estado español le ha concedido a Mukasa la protección subsidiaria que le permite un año de residencia en España. Pero éste, tras más de dos años de espera desapareció de Melilla y desconocemos su paradero y situación actual.

Expulsiones ilegales a través de la valla

Durante el 2012, han sido muchos los inmigrantes que han denunciado haber conseguido saltar la peligrosa doble valla de siete metros de altura que separa Marruecos de Melilla y haber sido devueltos a la gendarmería marroquí por fuerzas del orden público españolas a través de unas pequeñas puertas que hay a lo largo de la frontera. ONGs como Caminando Fronteras o PRODEIN llevaban meses denunciando esta práctica ilegal, puesto que una vez que estas personas pisan suelo español la Policía debe poner en marcha un procedimiento por el que se le documenta, se le exponen sus derechos, incluido el de solicitar asilo, y a continuación se le envía a un CIE, al CETI o simplemente se le entrega la orden de expulsión y se le pone en libertad.

Pero fue la expulsión de dos menores que estaban bajo tutela de la Ciudad Autónoma de Melilla, y que vivían en acogida en el Centro de menores La Purísima la que hizo saltar las alarmas en la Península.

I.S., burkinés y de 14 años de edad, y M.C., guineano y de 17 años, habían llegado en noviembre de 2011 y en marzo de 2012, respectivamente, a Melilla. El pequeño estudiaba la ESO en un centro público y el mayor jardinería. Pero una mañana, cuando se acercaron al CETI para encontrarse con otros subsaharianos, dos hombres de paisano que se identificaron como policías según el testimonio de los niños, les ordenaron que se subieran al coche. De ahí fueron traslados a la valla fronteriza y les obligaron a pasar al lado marroquí a través de una puerta de servicio. Según el relato, en el lado rifeño miembros de la gendarmería les recibieron con una paliza y robándoles las pocas pertenencias que portaban.

Puesto que ya conocían el funcionamiento de la vida como clandestinos en Marruecos y del riesgo de ser deportado a la frontera con Argelia si eran detenidos, no tardaron en encaminarse al monte Gurugú donde los migrantes se ocultan mientras esperan poder pasar al lado español. Allí se ocultaron 18 días, mientras el escándalo llegaba al Defensor del Pueblo gracias a una denuncia de Caminando Fronteras y a la Fiscalía de Menores que ordenó a la Policía española lograr el retorno de los menores. Finalmente, I.S. con sus catorce años, consiguió entrar de nuevo en Melilla gracias a un peligroso viaje en patera, mientras ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional ni la Delegación de gobierno asumen responsabilidades.

Pero las devoluciones ‘sumarias’ e ilegales no se restringen a los que acceden por tierra sino que son habituales también con aquellas personas que llegan por el mar. Los que son detectados cuando intentan entrar a nado, según cuentan muchos afectados, son amarrados al barco de la patrulla fronteriza y arrastrados hasta 15 o 20 metros de alguna puesto costero de la gendarmería para que recorran esta distancia ellos solos. También los hay que han llegado a tierra en una barcaza y, con un pie en arena de la playa melillense, han sido capturados y devueltos en barco o a través de una puerta de servicio, a territorio marroquí.

Mujeres invisibilizadas

Melilla tiene una población estimada en 80.000 habitantes. De ellos, aproximadamente 10.000 son mujeres invisibilizadas. Musulmanas, sin permiso de residencia, muchas de ellas trabajando en el servicio doméstico o en la hostelería por 100 o 150 euros mensuales. Un porcentaje alto, víctimas de la violencia machista en la provincia con mayores índices de España de esta lacra. Gran parte de ellas también, nacidas en regiones rurales de Marruecos, analfabetas, y casadas por sus familias con hombres musulmanes con DNI español, pensando que éste sería su mejor pasaporte para un futuro mejor. Y para terminar de complicar su estatus, muchas de estas mujeres están casadas por el rito marroquí y, por tanto, no están inscritas en ningún registro español. Sus hijos tampoco están documentados, la Ciudad Autónoma se niega a empadronarlos por lo que no pueden ser escolarizados, salvo en el único centro que los admite, la Residencia de Estudiantes Musulmanes Marroquí, un limbo educacional no reconocido por el gobierno español y regido por el Ministerio de Educación de Marruecos, donde estudian más de 500 niños y niñas.

Son estas mujeres las que, tras años de residencia en Melilla y partiéndose el lomo trabajando para sacar adelante a sus familias, viviendo en infraviviendas tercemundistas, intentando pasar lo más desapercibidas posible por miedo a ser expulsadas con sus hijos...Son estas mujeres cuya situación de vulnerabilidad se ha visto agravada por la embestida de la crisis, en una región donde uno de cada tres habitantes están por debajo del umbral de la pobreza y un 65% de tasa de desempleo juvenil.

Es en los hogares de estas mujeres que no tienen derecho a ningún tipo de ayuda donde se están viviendo situaciones de tal gravedad como que hay niños y niñas que sólo comen una vez al día y que en ocasiones no va más allá de pan mojado en té con menta. La Consejería de Bienestar Social se escuda en no atender a estas personas porque oficialmente no existen.

Todas estas vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales de la población migrante son sólo algunas de las más acuciantes, pero no las únicas: redadas racistas contra menores no acompañados; la explotación consentida a las cientos de mujeres que diariamente atraviesan la frontera cargando con fardos de objetos de contrabando, un motor fundamental de la economía de la región del Rif y de Melilla y que

en la mejor de las jornadas apenas consiguen 20 euros; la censura por parte de las Fuerzas del Orden Público a los periodistas y activistas que intentan documentar las ilegalidades expuestas, impidiéndoles acceder a los lugares, requisándoles las cámaras o las tarjetas de memoria sin ninguna explicación legal, o el silencio informativo impuesto desde las instituciones en los medios de comunicación locales sobre estos asuntos, para los que las subvenciones representan casi la totalidad de sus ingresos, comprometiendo su existencia a la connivencia de los actores que cometen estas violaciones de Derechos Humanos

03/2013

Patricia Simón es periodista y subdirectora de Periodismo Humano