Repaso a una sanidad opaca y desigual

“Las operaciones de cambio de sexo y los tratamientos de fertilidad seguirán como prestaciones en la cartera de servicios públicos”, aseguraron desde el Ministerio de Sanidad en el consejo interterritorial de Salud del pasado abril. Mientras, la ministra, Ana Mato, y los consejeros autonómicos comenzaban a definir las áreas a las que afectaría el tijeretazo presupuestario del sistema sanitario.

“Sobre la Unidad de Trastornos de la Identidad de Género (UTIG) de Madrid la información que nos llega es confusa y las asociaciones no tenemos claro lo que va a pasar. En teoría no ha habido recortes, pero en la práctica cada vez llegan más quejas de que los plazos se están haciendo más largos, sobre todo en lo que respecta a operaciones. También hay rumores de que a partir de enero de 2013 no se van a admitir más pacientes en la UTIG”, cuenta Gloria, del área de transexuales de COGAM.

Durante el mes de octubre DIAGONAL ha hablado con los departamentos de comunicación de los hospitales donde se encuentran las llamadas Unidades de Trastornos de la Identidad de Género (UTIG), y sólo ha recibido las disculpas por no tener permiso para informar en detalle sobre un tema complejo y lleno de zonas oscuras. Y es que la información institucional sobre la asistencia sanitaria para la población transexual y transgénero en el ámbito público es casi inexistente.

“Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha no tienen ningún programa ni cobertura sanitaria para personas trans. Al mismo tiempo, unos sitios se colapsan y otros ni se usan porque nadie lo conoce, como el servicio de atención psiquiátrica del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Cuando la Constitución dice somos iguales ante la ley es falso, porque no es lo mismo estar en Madrid que en Badajoz”, cuenta Noelia Mariani, presidenta de la Asociación Española de Transexuales (AET-Transexualia).

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) también ha denunciado el “dispar” abordaje terapéutico que se ofrece en el Estado español a las personas trans, “que están siendo atendidas en otra comunidad, en la sanidad privada o nunca han solicitado atención sanitaria, de forma que es difícil conocer la cuantía real de personas transexuales en el Estado español”.

Según el informe sobre la población trans española que hizo la Fundación para la Identidad de Género (FIG) en 2009, la cobertura sanitaria existente en 2007 sacó a la luz a 3.000 personas trans femeninas que no habían podido ser contabilizadas antes de otro modo. Esto elevó el número de trans femeninas a unas 7.000, que, sumadas al número de trans masculinos, dan un total de diez mil personas.

RECORTES Y GASTOS

Por su lado, la Asociación Española de Neuropsiquiatría está preparando para las próximas semanas una valoración de la situación actual y de los posibles recortes de la asistencia sanitaria trans específica, relacionada con los tratamientos y procedimientos relacionados con la salud de las personas transexuales o transgénero: los procesos de modificación corporal (tratamiento hormonal y cirugías) y la atención sanitaria general: ginecológica/urológica, salud sexual y reproductiva, prevención oncológica, asesoramiento y psicoterapia.

En la actualidad no existe ninguna Unidad de Identidad de Género estatal (pagada o compensada económicamente por el Estado) y ninguna comunidad autónoma puede enviar pacientes a las unidades de otras comunidades salvo que haya un convenio bilateral (según el cual la comunidad de origen reembolsa los gastos a la receptora), o se solicite para cada caso individual con el mismo compromiso de reembolso económico.

“La deuda privada que nos venden como pública lleva a los recortes de nuestros derechos. Tenemos grandes problemas por la reducción de profesionales de la medicina, se están alargando los procesos de atención médico- quirúrgicos, y la gente que va a otras comunidades autónomas a vivir tiene que reiniciar el proceso desde el comienzo”, comenta la activista trans Laura Bugalho, para quien “el gasto médico no es de la población migrante o trans, sino de las farmacéuticas”.

Un estudio sobre la viabilidad de incluir los tratamientos trans en la sanidad pública, publicado por el Instituto de Salud Carlos III en 2003, demostró que es más cara la no inclusión de la asistencia trans específica en la sanidad pública que su inclusión. Las personas trans masculinas llegan a pagar hasta 30.000 euros por su proceso de transición (visitas a psicólogas y psiquiatras para obtener el diagnóstico de “disforia de género”, tratamiento hormonal y cirugía ). La mastectomía (extirpación de pechos) y la histerectomía (extirpación del útero) cuestan unos 3.000 euros cada una. La operación más cara es la peneplastia (convierte el clítoris en un pene), que cuesta unos 5.000 euros. Las personas trans femeninas pagan hasta 18.000 euros por el proceso. Otro dato. Una caja con 30 sobres de testogel (testosterona cutánea usada, entre otros, en los procesos de transición masculinos) cuesta alrededor de cuatro euros si eres beneficiario del Sistema Nacional de Salud. Si no tienes cobertura, cuesta 52,90 euros.

En este contexto, las personas y colectivos trans reivindican una atención integral sanitaria, educativa y laboral, adecuada a sus necesidades y en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.