Por nuestros derechos. Ley de aborto sin recortes.

La aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de mayo de 2008, ha dado lugar a un debate social en el que debemos hacer oír la voz plural y serena del movimiento feminista frente al griterío reaccionario.

La reforma de la legislación es urgente. La práctica del aborto en este país es aún fuente de inseguridad jurídica para las mujeres y para el personal sanitario. La legislación con que contamos desde 1985 supone la criminalización del derecho a decidir sobre nuestra maternidad, nuestros cuerpos y nuestras vidas. No debemos dejarnos intimidar, ni deben hacerlo el Gobierno y el Parlamento, por quienes desean en su afán totalitario que su "moral particular" sea ley universal y que ni siquiera han dudado durante su campaña extremista en minimizar la criminalidad del Holocausto o los abusos sexuales contra menores, e incluso, en algún caso, han llegado a pedir la despenalización de la violación, desacreditándose a sí mismos. Pedimos, por tanto, que la reforma se lleve a cabo sin vacilaciones.

Exigimos que la nueva ley sea una buena ley. Nos dirigimos al Gobierno y al Parlamento para solicitar que el trámite legislativo mejore el anteproyecto. Señalaremos algunos de los aspectos en los que son más necesarias ciertas mejoras:

• 1. La primera, que el aborto voluntario se regule en una ley específica y deje de estar tipificado como delito. Para ello se requiere suprimir el artículo 145 del Código Penal vigente en su totalidad, y no sólo modificar el apartado 2 como propone el anteproyecto. Mientras la IVE siga tipificada como delito se mantendrá la inseguridad jurídica, ya que se podrá castigar con la pena de multa a las mujeres y multa, inhabilitación especial y cárcel a profesionales.
• 2. Exigimos que la nueva ley no desproteja a las mujeres, obviando las situaciones en las que llevar a término el embarazo pueda suponer graves riegos para su salud física y/o psíquica. No hay ningún motivo que justifique el hecho de que una nueva ley dé un trato peor a las mujeres que la Ley de 1985. Además, es inadmisible que se aumenten el número de dictámenes médicos previos requeridos durante las primeras 22 semanas, a partir de las cuales se niega un derecho que ha estado reconocido durante 24 años con el aval del Tribunal Constitucional.
• 3. Es fundamental que la libre decisión de las mujeres no sea limitada a las 14 primeras semanas, plazo marcadamente insuficiente, no sólo respecto a las aspiraciones históricas del movimiento feminista sino también respecto a las legislaciones europeas más avanzadas, en las que se admiten plazos de libre decisión en torno a las 24 semanas.
• 4. Requerimos la supresión total de los requisitos de tipo administrativo propuestos en el anteproyecto, ya que suponen un cuestionamiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, eludiendo que son responsables para marcar por sí mismas el espacio de reflexión que deseen antes de tomar sus decisiones.
• 5. Instamos al Gobierno a que mantenga la propuesta, recogida en el anteproyecto, de modificación del artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar los derechos de las menores de 16 años ante una interrupción voluntaria del embarazo con aquellos que ya tienen ante las demás intervenciones sanitarias, tanto en el ámbito de la decisión como en el de la información a dar a las familias. En particular, queremos resaltar que si una joven tiene miedo de la reacción de su familia y eso la lleva a querer abortar sin informar a ésta, impedirlo provocaría un alto número de abortos clandestinos o su práctica en otros países.
• 6. Por último, a pesar de que la ley establece algunos criterios generales sobre Salud Sexual y Reproductiva que nos parecen correctos, su aplicación no queda garantizada por el escaso desarrollo que reciben. Por ello, señalamos, en tanto que convocantes de este acto, algunos aspectos que requieren una formulación más precisa:
  • Regulación de las responsabilidades de los centros sanitarios y de la objeción de conciencia de sus profesionales, de forma que ésta no pueda llevar a que determinados centros sanitarios dejen de atender las IVES por ausencia de personal dispuesto a hacerlo.
  • Equidad territorial y un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con posibilidades de acceso y proximidad similares en todos los territorios.
  •  Reconocimiento a los productos ligados a la anticoncepción del mismo tratamiento financiado que tiene otros medicamentos y productos sanitarios dentro del sistema sanitario público, así como la eliminación de todas las dificultades para el acceso a la anticoncepción de urgencia.
  • Inclusión del aborto en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio-sanitarias, desarrollando acciones formativas que, desde el enfoque de género capaciten para su práctica tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de normalizar y de garantizar la preparación del conjunto de profesionales que la lleven a cabo.
  • Impulso de la educación sexual con enfoque de género en los curriculums de enseñanza primaria y secundaria.

POR UNA NUEVA LEY DE ABORTO, POR UNA BUENA LEY. SIN RECORTES
Mujeres ante el Congreso. eMail.