Las feministas de Ecuador plantean sus demandas ante el proyecto de Código Penal

LAS MUJERES DEL ECUADOR DECLARAMOS Y EXIGIMOS:

Históricamente nuestra lucha social ha constituido la reivindicación y posicionamiento de nuestros Derechos Humanos, los Derechos Económicos y Políticos, la defensa de los Derechos de la Naturaleza, los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el Derecho a una Vida Libre de Violencias contra las mujeres, en todas sus expresiones.

En los actuales momentos de reforma institucional y normativa jurídica que vive el Ecuador, las organizaciones de mujeres y feministas, consideramos que las Leyes que se están implementando en el país deben dar estricto cumplimiento a los mandatos de la Constitución 2008, sobre protección y garantía de los Derechos Humanos y específicamente de los Derechos de las Mujeres. No al contrario, que en lugar de contribuir al avance e implementación de una nueva institucionalidad que garantice la construcción de la igualdad para las mujeres, la recorta y desmantela.
En esta formulación de las Leyes tiene importancia vital el Código Orgánico Integral Penal que está concebido como un código punitivo que intenta “disciplinar” a la población ecuatoriana, dentro de un control que favorece la implementación de un estado represivo y controlado por el poder ejecutivo, que criminaliza el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución y la expresión de los movimientos organizados que buscan la real implementación del buen vivir; que criminaliza la libre determinación de los cuerpos y específicamente los cuerpos de las mujeres, negando nuestro derecho a las soberanías y al libre ejercicio de nuestras sexualidades; que criminaliza la pobreza y los intentos de la diversidad de mujeres empobrecidas y excluidas, para organizarse, hablar y actuar juntas contra todas las explotaciones, discriminaciones y opresiones.

Para nosotras todas, mujeres del campo y la ciudad, indígenas, mestizas, montubias, afro ecuatorianas, profesionales, trabajadoras del hogar, estudiantes, lesbianas, campesinas, jóvenes, adultas, de la tercera edad, trans, con otras capacidades, este nuevo intento de controlar nuestras vidas, nuestra libertad para decidir, nuestra posibilidad de vivir una vida sin violencias, con plenitud de soberanías, de territorios, es una clara muestra de cómo el poder se ejerce desde arriba y sin consultarnos.

Sabemos que este Código Penal va acompañado de nuevos procesos de acumulación y explotación, de avance de la frontera extractiva en el país, pero también de una profundización de las formas de control sobre nuestras decisiones y sobre nuestros cuerpos. Este proyecto de Código Orgánico Integral Penal intenta crear un marco normativo que posibilite la criminalización de organizaciones y dirigentas/dirigentes. El proyecto de COIP pretende reformular el sistema de justicia para convertirlo en uno que acentúa el castigo a mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinas y campesinos, a las y los más pobres del país, para todas y todos quienes con nuestra sola existencia develamos los límites estructurales de este gobierno.

Al impulsar un proyecto de Código Penal como el actual, el poder denota cómo pretende destruir los territorios y las relaciones de hermandad que permitirían construir nuevas formas de organizarnos. No sólo quiere volver nuestras tierras espacios privados para empresas mineras, petroleras, camaroneras, de agronempresas, madereras, pesqueras y florícolas, sino que además procura ser dueño de nuestros primeros y más cercanos territorios: NUESTROS CUERPOS. Le urge romper nuestras relaciones comunales, solidarias, para controlarnos y volvernos miedosas, subordinadas y silenciosas. Necesita anular nuestro derecho a decidir, a vivir sin violencias; necesita callarnos, sin permitir que seamos nosotras quienes decidamos ser o no madres y en qué circunstancias, tratando incluso de obligarnos a asumir embarazos no deseados y productos de violaciones.

Desde nuestra unidad en las diversidades, exigimos:

1. ¡Por el Derecho a la toma de decisiones libres e informadas y las soberanías de nuestros cuerpos! La Despenalización del Aborto es un tema de Justicia Social y Salud Pública que debe considerar los profundos problemas sociales, las altas tasas de mortalidad materna, el actual contexto de vulneración al penalizar el libre desenvolvimiento y desarrollo integral de miles de mujeres, la ausencia de garantía del estado hacia víctimas de violencia sexual, obligándoles a continuar con embarzos violentos y forzados, que generan condiciones de revictimización y de retrocesos en la protección de derechos. Todas las mujeres somos capaces de tomar decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida.

2. ¡Por el Derecho a una vida libre de violencias física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y política! El costo social, político, cultural y económico que hemos pagado las mujeres en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos es alto: la vida de las víctimas de violencia muchas de las veces ha sido el precio. Exigir al Estado la garantía de protección continúa y continuará siendo una constante lucha a la cual no renunciaremos. En el año 1995 logramos que el Estado sancione la Violencia contra la Mujer en la Ley 103. Demandamos el mejoramiento de las acciones y mecanismos de protección adecuados para asegurar la vida de las mujeres.

3. ¡Por el Derecho a la Protección de nuestra Integridad Sexual en todos los ciclos de nuestras vidas! El actual proyecto del COIP reduce la figura del Abuso Sexual que afecta mayoritariamente a niñas, adolescentes y mujeres, a una forma de vulneración a su integridad sexual negando su verdadera dimensión. Por ello exigimos la determinación de figuras penales apropiadas y armonizadas con el espectro internacional de protección que tutelen el derecho a la libertad sexual, donde además la lucha contra la Trata con fines de explotación sexual y laboral sea priorizada evitando el crecimiento de economías ilícitas con la venta de nuestros cuerpos.

4. ¡Por la tipificación del femicidio y el feminicidio! Es urgente la tipificación del asesinato de las mujeres tanto en las relaciones entre personas y parejas (femicidio) como desde el estado (feminicidio), para sancionar y erradicar estas formas extremas de violencia de género contra las mujeres, producto de las violaciones de Derechos Humanos en todos los ámbitos de sus vidas. Tipificar el feminicidio responde a la necesidad de enfatizar el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, que no ocurre como resultado de la patología de los agresores o sólo en las relaciones de pareja, sino que también interpela al estado, que con acciones, omisiones y permisividades mantiene la impunidad, sin establecer procedimientos claros para la prevención, investigación y sanción de estos graves delitos de género.

5. ¡Por el Derecho a la Organización y Protesta Social! Nosotras, actoras y conocedoras de la importancia de la movilización social, nos unimos a las voces de los movimientos sociales y condenamos las propuestas que criminalizan la protesta social. Esta ilegítima pretensión atenta contra la democracia y vulnera derechos constitucionales a la organización, legitimidad y resistencia social, bases indispensables para ejercer las libertades. Por ello, exigimos la derogación de todas las normas que atenten contra expresiones democráticas como la organización, protesta social y derecho a la resistencia de los pueblos.

Nosotras no perderemos la capacidad de indignación ni renunciaremos a nuestro derecho a protestar frente a las injusticias e inequidades que generan violencias y muerte.

¡LUCHADORAS, SIEMPRE! ¡PASIVAS, JAMÁS!

¡No nos acomodaremos al injusto sistema!

¡¡Continuaremos en resistencia para cambiarlo!!

MOVIMIENTO NACIONAL DE MUJERES Y FEMINISTAS DEL ECUADOR