Impunidad para la violencia sexual infantil en Nicaragua

Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explica que la violación de esa niña, por la que están acusados efectivos especiales de la Policía Nacional, generó repudio y estupor por el hecho en sí y por la reacción de ese organismo y de la justicia ante la denuncia. Pero el abogado recordó que el caso está lejos de ser aislado, porque Nicaragua es el país de América Central con las cifras oficiales más altas de abusos sexuales, y en particular contra las niñas.

El Centro de Prevención de la Violencia reveló que en este país de seis millones de habitantes, 1.453 niñas de entre 10 y 14 años fueron violadas y obligadas a dar a luz en 2011, porque en Nicaragua el aborto inducido está penalizado en cualquier circunstancia.

El caso que ha impactado al país se produjo el 9 de agosto, cuando la niña, de 12 años y con discapacidad intelectual, salió en la tarde a pasear su perro por el parque El Carmen, en el occidente de Managua. Se trata de un área de alta seguridad, custodiada las 24 horas por patrullas militares y de tropas especiales de la policía, porque allí está el complejo donde vive y trabaja el presidente Daniel Ortega. En ese grupo de viviendas familiares funcionan la sede del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, el despacho y residencia presidencial y oficinas de negocios personales de parientes del mandatario.

El Cenidh explicó en su denuncia sobre el caso que cuatro agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales, que integran la escolta de seguridad del perímetro presidencial, secuestraron a la víctima y la violaron toda la noche, a 30 metros de la residencia de Ortega. Un quinto hombre participó en el hecho, vestido de civil. Se presume que es un vigilante de la empresa privada de seguridad El Goliat, públicamente ligada a los negocios de la familia presidencial.

Los padres de la víctima presentaron la denuncia ante las autoridades policiales de inmediato, pero inicialmente fueron amenazados con la cárcel por sus afirmaciones y no se abrió ningún procedimiento sobre el caso, según lo revelado posteriormente. Solo 20 días después, la presión del Cenidh y la publicación de la agresión en medios de comunicación independientes obligaron a la policía a iniciar sus investigaciones. Tres agentes de élite fueron dados de baja el 30 de agosto y puestos a la orden del Ministerio Público en la primera semana de septiembre.

“El hecho en sí es grave. La participación de agentes especiales, cerca de la casa presidencial, empeora el caso, pero la actuación inicial de las autoridades policiales, que trataron de ocultar el hecho y hasta amenazaron a la familia de la víctima, lleva las violaciones sexuales a niveles de terrorismo de Estado“, expresó Carrión. Un cuarto agente fue dado de baja y pasado a la fiscalía el 15 de octubre. La jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, se disculpó públicamente por el incidente y prometió investigar a fondo el hecho y someter a la justicia a los agresores y a la cadena de mandos involucrada. Sin embargo, Lorna Norori, del Movimiento contra el Abuso Sexual, nos dice que detrás de esta retardada reacción pública “lo que hay es demagogia”. ”Han pasado más de dos meses de la violación y la policía no ha agilizado las investigaciones, tardó más de dos meses en presentar al cuarto policía y todavía no presentan al quinto aberrado sexual ¿A quién ocultan?”, se quejó.

Una decena de las mayores organizaciones que se ocupan de los derechos de las mujeres y la infancia, o que promueven los derechos humanos, se declararon colectivamente en situación de alerta permanente a raíz del caso. Luz Marina Torres, coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, asegura que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía han promovido que se esclarezca el caso y castigue penalmente a los culpables. Recordó que el juicio debió comenzar el 11 de octubre pero, con el argumento de cuestiones técnicas, la jueza Aleyda Irias lo postergó para el 12 de noviembre. Ella está al frente del tribunal del Segundo Distrito Penal, especializado en casos de violencia contra las mujeres. ”Aparte de que trataron de encubrir el crimen todo el tiempo, han ido postergando el derecho a la justicia de la víctima”, denunció Torres.

La sociedad civil organizada, anunció, va a promover jornadas de protesta contra las instituciones públicas involucradas en el caso, el 10 de noviembre, para exigir que no haya más dilaciones en el juicio previsto para el día siguiente. Carrión consideró que en general la respuesta del Estado es débil ante el creciente fenómeno de la violencia machista, intrafamiliar o no, lo que es especialmente grave en el caso de las niñas y niños agredidos sexualmente o de otra forma dentro y fuera de sus ámbitos familiares. A ello se suma que dos modificaciones legales de 2006 y 2008 convirtieron a Nicaragua en uno de los pocos países del mundo donde la interrupción inducida del embarazo está penada con cárcel en cualquier supuesto, incluido el del riesgo para la vida de la madre o el de malformación grave del feto.

En los primeros nueve meses del año se produjeron en el país entre 55 y 61 asesinatos de mujeres por razón de su género, según registros de la Red y Centro de Prevención contra la Violencia. Los expertos consultados coinciden en que la violencia machista, incluyendo los abusos sexuales y los feminicidios, no se ha frenado tras la entrada en vigor desde junio de una nueva y dura Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres. Estadísticas de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional reportan en el año 2011, un total de 3.660 denuncias de violencia sexual.

Durante el primer semestre de este año se produjeron 1.873 denuncias similares, y lo más grave es que 1.050 de las víctimas eran menores de 14 años de edad. El Instituto de Medicina Legal reportó que en el primer trimestre del presente año, realizaron 1312 exámenes médico forenses, lo que significa 14,6 peritajes por día. El 51,4 por ciento de los exámenes forenses fueron practicados a niñas y niños menores de 13 años. Pero pese a todos esos datos alarmantes, menos de 300 hombres han sido enjuiciados durante este año por presuntos delitos sexuales y o por violencia intrafamiliar.