Gallardón plantea una reforma de sabor neocon

TERESA GARCÍA ESPEJO / MADRID
LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012. NÚMERO 181 NÚMERO 182

CLÍNICA ISADORA. Esta clínica autorizada fue objeto de ataques ultras y de una investigación policial que se cerró en falso. / Alvaro_Minguito
Antes de que las pancartas que reclaman el derecho a decidir de las mujeres pudieran acumular polvo en algún cajón, el movimiento feminista ha tenido que sacarlas de nuevo a las calles para defender que el aborto sea libre y gratuito en el Estado español. Tan solo dos años después de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que reconoce el derecho a decidir de las mujeres durante las 14 primeras semanas de gestación, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha manifestado su intención de abolir esta ley al anunciar que limitará el aborto legal a determinados supuestos. Hasta el 2010, el aborto no estaba regulado por ley sino por el Código Penal, es decir, en la regulación de 1985 no era un derecho reconocido sino un delito a perseguir salvo si se justificaba bajo tres supuestos: peligro para la vida o salud de la madre, malformaciones del feto y violación.

El plan de Justicia era tener la reforma lista para "este otoño". No obstante, seǵun ha informado El Diario.es, el anuncio de Gallardón no está previsto en los proyectos legislativos que pretende aprobar el Gobierno en las sesiones parlamentarias de aquí a diciembre.

La Plataforma Mujeres Ante el Congreso ha pedido una reunión al ministro para conocer los detalles de su propuesta y trasladarle su postura, pero no ha recibido respuesta. Según su portavoz, Isabel Villarroel, con la normativa del ‘85 las mujeres podían interrumpir su embarazo durante todo el periodo de gestación y con la ley “los datos no han variado, sino que las mujeres abortaban igual que ahora, hasta la semana 16”. Villarroel subraya que durante los 25 años que ha estado en vigor la regulación de supuestos, “la derecha más conservadora no dijo nada; ha sido a raíz de 2010, desde que se permite que durante las primeras 14 semanas la mujer pueda interrumpir el embarazo sin que nadie le ponga una condición sino en el ejercicio de un derecho, cuando se han puesto de manera más beligerante”. En su opinión, la finalidad de estos cambios es ideológica y deriva del patriarcado que emana de las políticas emprendidas por el Gobierno actual al “hacer medidas de conciliación para mujeres y no de corresponsabilidad, limitar los servicios a personas dependientes para que los cuidados recaigan en las mujeres, y decir de vez en cuando que deberían volver a casa”. Por su parte, la asociación Católicas por el Derecho a Decidir destaca la parte relativa a la salud sexual y reproductiva de la ley actual, ya que no sólo reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como parte de los derechos de la salud, sino que apuesta por la educación, desde la escuela, como la mejor vía para reducir el número de abortos. Su presidenta, Mar Grandal, sostiene que el proyecto de Gallardón responde a una “doble moral” y está orquestado por la “iglesia católico-romana representada por la Conferencia Episcopal de Rouco Varela, la cadena Cope, el Opus Dei y los movimientos conservadores neocatecumenales, como los kikos”, cuando a su juicio la gran mayoría de la feligresía está en desacuerdo.

Grandal engloba los cambios que quiere hacer el ministro dentro de la “ola de conservadurismo neoliberal que está sometiendo a occidente” y aboga por el mantenimiento de la Ley actual, pues entiende que establecer supuestos conlleva “la tutela de las mujeres por parte de un juez o un psiquiatra”, lo que significa considerarlas menores de edad.

Sobre las malformaciones
Por otro lado, el titular de Justicia también ha manifestado que suprimirá el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su maternidad y prohibirá abortar en caso de malformaciones del feto cuando, según datos de Sanidad, estos casos suponen un 2,97% del total de abortos y, como aseguran las organizaciones feministas, supone un drama para las mujeres que desean ser madres. La portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Isabel Serrano, piensa que estos planteamientos están “encaminados a conseguir un sistema absolutamente restrictivo” que traerá consigo más riesgos para la salud de la mujer, que se verá abocada a “peores condiciones, aborto clandestino y viajes al extranjero”. Los datos de la Organización Mundial de la Salud avalan esta tesis: cada año se producen entre sesenta y cien mil muertes de mujeres en el mundo por abortos clandestinos y alrededor de 8,5 millones de ingresos en servicios médicos de urgencia por abortos mal realizados.

Aborto en la Sanidad Pública
Para el presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, “siempre que disminuyas el acceso al aborto, no lo reduces sino que lo ocultas” de distintas maneras: el éxodo abortivo para quien se lo puede costear, recurrir a abortos inseguros o ser madre de un hijo no deseado, con las repercusiones personales y sociales que provocan estas situaciones. “En este momento, la mujer que está en España tiene el derecho de abortar. Con la ley que quiere aprobar Gallardón podrá abortar siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que no las fija ella, sino que las fija un tercero”, enfatiza Barambio.

Deuda de la que no se habla
La legislación actual reconoce la interrupción del embarazo dentro del sistema público de salud pero, en la práctica, son las clínicas asociadas a ACAI quienes garantizan este servicio, tal y como se viene realizando desde el año 1985, sólo que antes pagaban las usuarias. Según el presidente de ACAI, el Gobierno les debe unos ocho millones de euros entre todas las clínicas del territorio español y, aunque se dan particularidades en función de cada comunidad autónoma, “es muchísimo dinero para este sector”, añade.

En la actualidad, el precio de una interrupción voluntaria del embarazo sencilla en una clínica autorizada es de unos 345 euros. Santiago Barambio asegura que los detractores del aborto siempre presentan a las clínicas como “una especie de millonarios”, cuando en realidad todos los servicios que no ofrece la sanidad pública “son carísimos menos el aborto, a pesar de que tiene un nivel de exigencia económica alto en cuanto a instalaciones, equipos y profesionales”.

El presidente de ACAI reivindica la profesionalidad de los ginecólogos españoles, que cuentan con “amplio reconocimiento internacional, mientras que en nuestro país no se nos respeta”. Las clínicas temen que el Ministerio de Sanidad excluya el aborto de la cartera de servicios sanitarios porque, si esto sucediera, habría un retroceso y la propia usuaria tendría que asumir de nuevo el pago. En el caso de que las propuestas de Alberto Ruiz Gallardón se materialicen, será muy difícil “el acceso legal” a la interrupción voluntaria del embarazo y “puede suceder que la capacidad de atención sea tan baja en volumen de mujeres que habrá clínicas que no puedan sobrevivir”, sentencia Barambio.