Feminicidio en Honduras: impunidad, crímen organizado e indiferencia del Estado

España, Madrid - Jenny Concepción Reyes Izaguirre, 38 años, fue asesinada el pasado mes de junio cuando viajaba con su familia en su automóvil por un barrio de su ciudad, en San Ignacio, al ser tiroteada desde otro turismo. La maestra, miembro del Movimiento de Resistencia Progresista del Partido Libertad y Refundación, es una más de las 1128 mujeres muertas violentamente en Honduras desde enero del 2010, según los últimos datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) difundidos el pasado mes de agosto. Sin embargo, la causa de este atentado que, como el 90% de los crímenes contra las mujeres de este país aún permanece impune, puede responder a dos de los tres principales tipos de feminicidio que se dan en Honduras: ¿fue Jenny víctima de las maras, del crimen organizado o de la violencia política? .

Los titulares que acompañan las informaciones sobre violencia de género en Honduras en 2012 son devastadores y califican las cifras como propias de una epidemia. Cada 18 horas muere una mujer en Honduras, 9 mujeres asesinadas en un fin de semana, Un promedio mensual de 46,33 mujeres muertas durante el primer semestre del año… Instituciones públicas, organizaciones feministas y de Derechos Humanos manejan cifras dispares y aproximativas, pero todos coinciden en señalar a Honduras como el tercer lugar de Centroamérica más peligroso para las mujeres en la actualidad y en apuntar el golpe de Estado del 2009, como el punto de partida de este fuerte incremento de feminicidios.

COMPLICIDAD DE AGENTES ESTATALES

Según la organización Nobel Women’s Iniciative, Honduras tiene hoy la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo y, en la última década, los feminicidios aumentaron un 257%. Esta tendencia ha continuado durante el régimen golpista y post golpista,” con la complicidad de funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado”. En su página web, la asociación resume las conclusiones de una delegación de mujeres encabezada por Rigoberta Menchú y Jody Williams (ganadoras del Premio Nobel de la Paz en 1992 y 1997, respectivamente) que viajó a México, Honduras y Guatemala a principios de año para investigar la violencia contra la mujer en la zona.

La delegación recogió más de 200 testimonios de mujeres supervivientes, periodistas y defensoras de los derechos humanos y se entrevistó con los presidentes de Honduras y Guatemala, Porfirio Lobo y Otto Pérez Molina, y con la Fiscal General de México, Marisela Morales. Una de las conclusiones que consideran más “preocupantes” es que los gobiernos de estos países reconocen el problema pero no se involucran en la práctica para disminuir la violencia, destacando una vez más la impunidad de estos crímenes y la falta de acceso a la Justicia para las indígenas. Por el contrario, el informe resalta que el aumento de la militarización y la represión policial en la guerra contra las drogas genera todavía más violencia contra las mujeres, caso especialmente significativo en Honduras, donde la ayuda militar y policial de Estados Unidos se ha triplicado en los dos últimos años.

Como ejemplo, el pasado mes de mayo, una redada dirigida por agentes de la DEA acabó con la vida de cuatro personas, dos de ellas mujeres embarazadas, que viajaban en una lancha con otros civiles por el río Patuca, ruta habitual de narcotraficantes.

Mientras las organizaciones de Derechos Humanos difundían las fotos y los nombres de los cuatro muertos - Juana Jackson, 28 años y embarazada de seis meses, Candelaria Pratt, embarazada de cinco meses, Hasked Brooks Wood, de 14 años, y Emerson Martínez Enríquez, de 21 años-, un portavoz de la policía manifestaba desconocer el número de víctimas. Las autoridades locales dudaban de la inocencia de los viajeros y resaltaron que en la embarcación los agentes incautaron de media tonelada de cocaína.

Steve Posivak, consejero de Prensa y Cultura de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, declinó hacer declaraciones “antes de que termine la investigación”. Pero ninguno de los supervivientes atendidos en el hospital de La Ceiba fueron interrogados en los días posteriores. “Aquí nadie va a hablar porque aquí lo matan”, aseguró la madre de un adolescente herido en el tiroteo. “La única ayuda que necesitamos es de los médicos, no de los periodistas”.

La delegación, que publicó su informe poco después de conocerse la matanza, instó al gobierno de Estados Unidos a dejar de financiar a las fuerzas de seguridad en los países centroamericanos y canalizar las ayudas a programas sociales que fortalezcan los derechos fundamentales.

Para Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), la situación de los Derechos Humanos en su país desde el golpe de Estado del 2009 “no es que haya empeorado: está en estado calamitoso”, pese a los esfuerzos del actual gobierno de Porfirio Lobos por transmitir lo contrario a la comunidad internacional. En declaraciones recogidas por ALBA TV, la activista denunció antes de viajar a la XXª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra el pasado mes de junio, que en este contexto de violencia generalizada “nunca como ahora ha habido una persecución y odio contra la mujer”, que explica, no sólo por “el patrón de inseguridad”, sino, sobre todo, “por la cultura machista que impera en el país”.

¿FEMINICIDIO POLÍTICO?

Según un estudio elaborado por Oxfam Internacional, los feminicidios en Honduras en la última década aparecen vinculados a tres factores: las redes del crimen organizado, la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, entendiendo por esta última la mayoría de los crímenes cometidos por acoso sexual. Pero además, desde junio de 2009, se ha puesto en evidencia un tipo de feminicidio asociado a la represión policial y militar por motivos políticos, contabilizándose más de 450 casos de ataques físicos y sexuales por este motivo.

El informe, titulado “Impunidad: un grito sin respuesta”, fue elaborado tras dos años de seguimiento de la situación en el país, dentro de una campaña conjunta con la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios en Honduras, plataforma que abarca las ocho principales organizaciones de mujeres del país. En él se destaca también la existencia de “una falta de credibilidad de la institucionalidad pública” como consecuencia del golpe de Estado, con “fuertes violaciones a los derechos humanos” y, por consiguiente, con un aumento de la violencia, “particularmente, de la violencia contra las mujeres”.

La detención ilegal de las directivas del movimiento de Mujeres por La Paz Visitación Padilla, Merly Eguigure Borjas y Gladys Lanzas, se encuentra en proceso de adopción de medidas cautelares por parte de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y también investiga las amenazas y agresiones a mujeres vinculadas a movimientos de resistencia, como Bertha Cáceres del Comité de los Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), o los ataques a militantes del movimientos Zacate Grande en Amapala y el Movimiento Unificado Campesino del Aguán.

Oxfam Internacional indica que sectores de la resistencia popular cuentan hasta ocho casos de mujeres muertas por su posición política (las primeras, Wendy Araceli Avila y Olga Osiris Ucles, fallecidas por efecto de gases lacrimógenos durante manifestaciones antigolpistas en el año 2009), siendo los casos de Vanessa Yaneth Zepeda Alonzo y Claudia Larissa Brizuela, los más emblemáticos.

Vanessa Zepeda, enfermera, activista del Frente Nacional de la Resistencia Popular y miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Seguridad Social, fue asesinada en Tegucigalpa el 4 de febrero de 2010. Su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en marcha y no presentaba heridas de bala ni de arma blanca.

Sus compañeros denunciaron que la sindicalista fue asesinada por su militancia política, aunque un tribunal acabó condenando en octubre del 2011 al cirujano Rafael Alejandro Sierra, con el que la víctima mantuvo una relación, después de que la Comisión Interamericana requiriera al gobierno hondureño para explicar el caso.

Por su parte, Claudia Larissa Brizuela, de 36 años, afiliada también al Frente de Resistencia Nacional e hija de Pedro Brizuela, militante del Partido de Unificación Democrática y columnista en el diario La Prensa, fue tiroteada en la puerta de su domicilio unos días más tarde. Pese al cariz político del crimen, finalmente la policía acusó a su ex marido.

MARAS Y REDES DE CONTRABANDO

Sin embargo, el mayor porcentaje de ataques contra las mujeres se sigue dando entre los vinculados a las redes del crimen organizado. En el caso de las maras, los “ajustes de cuentas” entre pandillas son los más frecuentes, agrediendo física y sexualmente a las mujeres relacionadas sentimentalmente o por parentesco con alguno de los hombres de la organización. Incluso, familiares de las víctimas entrevistados para el informe acusaron a los cuerpos policiales directamente de muchos de estos crímenes por motivos de venganza contra las pandillas.

Estas muertes representan el 13% de los delitos contra las mujeres frente al 22% de los específicos de las redes del narcotráfico, víctimas de la explotación sexual y del tráfico de drogas, por “no haber seguido órdenes” o no entregar parte del dinero que reciben de sus actividades. Cuando son asesinadas, son generalmente torturadas y sus cuerpos presentan mensajes explícitos. Muchas son violadas o desmembradas y los cadáveres aparecen enterrados en “cementerios clandestinos” que abundan en las zonas urbanas y que son utilizados también por las maras.

La violencia de género en el àmbito doméstico por su parte, sigue siendo la segunda causa de feminicidios en el país, pese a la aprobación en 1997 de la Ley contra la Violencia Doméstica, una ley aplicada a nivel nacional y que el estudio considera que podría haber contribuido a reducir hasta el 6,9% del número de casos procesados por la Fiscalía en el 2010, mientras que, entre 2002 y 2007, suponía del 50%. Sin embargo, a comienzos del 2012, la Fiscal Especial de la Mujer, Grissel Amaya, denunció que este tipo de casos presentan de nuevo una alta incidencia, mientras que las organizaciones feministas resaltaban la ineficacia de la legislación vigente.