Desde la Asociación de Mujeres Malvaluna exigimos que el delegado del gobierno en Extremadura rectifique sus imprudentes declaraciones sobre el asesinato machista de Villafranca

El Sr. Delegado del Gobierno en Extremadura debe retractarse de sus palabras. En declaraciones publicadas en los medios de comunicación señala el Sr. López Iglesias tres cuestiones que deben resultarnos altamente preocupantes las dijera quien las dijera, pero más viniendo de quien viene.

La primera de ellas es decir que el autor confeso del crimen actuó “en un momento determinado de arrebato”, o lo que es lo mismo, que el Sr. Delegado del Gobierno, antes de que un Juzgado determine las circunstancias del hecho ya lo exculpa y justifica con aquello de “no sabía lo que hacía”.

Pues sepa el Sr. Delegado del Gobierno que cuando se maltrata a una mujer, cuando se la agrede y en el peor de los casos cuando se la mata se hace porque se quiere hacer , de manera consciente y planificada, porque es una demostración del poder del varón, una demostración del machismo, de aquello de “o conmigo o con nadie” del “eres mía” y puedo hasta matarte, y por tanto se trata de actos plenamente conscientes que no tienen más explicación que el sometimiento y la desigualdad; y que cuando se hacen comentarios como los del Delegado del Gobierno se traslada a la sociedad una idea de justificación y tolerancia que no es permisible en nadie, menos en el representante del gobierno de la nación.

La otra cuestión que nos preocupa es la tranquilidad con la que el Delegado del Gobierno acepta la inexistencia de medidas de seguridad (teleasistencia o pulseras de protección). Cierto es que ninguna medida asegura al cien por cien la vida o la integridad de nadie, pero lo que sí es indiscutible que el hecho de que la mujer hubiera contado con alguna de ellas hubiera, al menos, le dado una oportunidad de pedir auxilio.

Ya lo han alertado tanto instituciones como organizaciones de mujeres, que se están produciendo recortes en violencia de género que afectan directamente a la seguridad de las víctimas, y que esos recortes provocan que mujeres que podían contar con esos recursos ahora no los tienen y por tanto son más vulnerables. El Sr. Delegado del Gobierno no debería aceptar como un hecho normal y natural que las mujeres víctimas de violencia no tengan servicios de teleasistencia, sino invitar a la reflexión sobre las gravísimas consecuencias que los recortes efectuados por su gobierno en materia de igualdad y de violencia de género tienen para las mujeres.

La tercera de las deplorables declaraciones del Delegado del Gobierno es la relativa al “peso de la denuncia”, una cuestión que pone de manifiesto el escaso valor que desde las instituciones implicadas en la persecución de la violencia de género se le concede a la palabra de la mujer. Es evidente que si el agresor vulnera la orden de protección demuestra un plus de peligrosidad que no puede pasar inadvertido ni minusvalorado, todo lo contrario debe servir para poner mayor énfasis en la protección de la víctima.

En definitiva, nos encontramos ante unas declaraciones que denotan un pensamiento poco coherente con la lucha contra la violencia de género, unas declaraciones que justifican al agresor y la falta de recursos de seguridad, en definitivas unas declaraciones que alientan la tolerancia y la permisividad frente a la violencia de género y de las que exigimos su inmediata y publica rectificación.