Declaración de seis sociedades de SESPAS

Declaración de seis sociedades de SESPAS ante las posibles modificaciones de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/10, de 3 de marzo

Ante las diversas declaraciones del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, sobre
la posible modificación o reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y
de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/10, de 3 de marzo, seis sociedades
científicas federadas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS) manifiesta su preocupación por el riesgo que la nueva propuesta
supondría para la salud física, psicológica y social de las mujeres que viven en España.

· Actualmente, y según los datos del Ministerio de Sanidad, se realizan más de
100.000 interrupciones voluntarias del embarazo en España cada año, lo que
equivale a unas 12 interrupciones anuales por cada 100.000 mujeres en edad
fértil.

· Existe evidencia científica de que la prohibición de la interrupción voluntaria del
embarazo no implica una disminución de las mismas, sino que deriva en que
éstas se produzcan en peores condiciones sanitarias. (Organización Mundial
de la Salud (OMS) - The Lancet, 2012).

· La OMS también pone de manifiesto que las interrupciones voluntarias del
embarazo realizadas sin un mínimo estándar sanitario suponen un alto riesgo
de morbilidad y mortalidad materno-infantil, como consecuencia, principalmente,
de hemorragias, infecciones, envenenamiento y otras complicaciones.
Contrariamente, la legalidad del proceso de interrupción deriva en la
disminución de las tasas de mortalidad de las mujeres, con resultados
inferiores a una muerte por cada 100.000 interrupciones.

· Por lo tanto, se ha demostrado que cuanto más restrictiva es la Ley de
interrupción voluntaria del embarazo, existen más abortos clandestinos y en
consecuencia más riesgo de morbimortalidad materna.

· Además, desde la perspectiva de la Salud Pública entendemos que los
embarazos no deseados pueden ser un factor de riesgo de mala salud mental.

· También se ha de tener en cuenta que obligar a llevar a término un embarazo
donde se diagnostiquen malformaciones fetales, además de ser un riesgo para
la salud, puede tener una grave repercusión económica y social. Esta
repercusión se ve agravada por la situación actual de dificultades de
empleabilidad y de recortes sanitarios y sociales (disminución del estado del
bienestar).

· Igualmente, desde una perspectiva de Salud Pública, no podemos obviar que
la legalidad del proceso es condición necesaria pero no suficiente. Es
necesario eliminar barreras en el acceso a la atención sanitaria, un acceso libre
a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora anticonceptiva de emergencia,
y mejorar la educación sexual, reproductiva y afectiva en términos de equidad
de género y llevada a cabo desde edades tempranas tanto para hombres como
mujeres.

· Por todo lo anterior, es probable que una modificación de la ley tal como se
plantea derivará en un aumento de las desigualdades sociales en salud, y
representa un fuerte retroceso de la Salud Pública.

· Finalmente, las modificaciones propuestas entran en contradicción con la
mayoría de resoluciones internacionales sobre los derechos sexuales y
reproductivos como las Convenciones internacionales de las naciones Unidas
de El Cairo 1994 y Beijing 1997, y la resolución 1607 (2008) del Consejo de
Europa. Esta última reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un
derecho en Europa, insta a respetar la autonomía de elección de las mujeres, y
recomienda a los Gobiernos de los Estados Miembros que se garantice la
accesibilidad a la interrupción del embarazo y que ésta se practique de forma
segura.

Por todos estos motivos la Sociedad Española de Epidemiología, Asociación de
Enfermería Comunitaria, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, la Asociación
de Economía de la Salud, Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears y la
Asociación Madrileña de Salud Pública, todas ellas integradas en la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria exige al Gobierno estatal que no
continúe con dichas medidas restrictivas de la ley del aborto.

SESPAS, 12 de diciembre de 2013