Con el cuerpo de las mujeres no se negocia-Nosotras decidimos

No hay nada más personal ni más político para las mujeres que nuestro cuerpo. No en vano forma parte del reducto más íntimo de la subjetividad, de las vivencias de la sexualidad y de la formación de las identidades personales, al tiempo que es un ámbito de actuación pública donde las instituciones (médicas, religiosas, y políticas) han actuado y actúan definiéndolo como lugar de interpretaciones culturales y sociales. Por eso desde el feminismo se sigue afirmando lo que a estas alturas debería ser una obviedad: “mi cuerpo es mío”, una reivindicación que recoge la exigencia de libertad y autonomía individual y también de justicia social puesto que el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos requiere que existan unas condiciones sociales, políticas y económicas que lo hagan posible para todas las mujeres.

Esta consideración del cuerpo de las mujeres explica que las políticas neoliberales y el fundamentalismo católico hayan establecido una mortífera alianza patriarcal para negar e intentar cercenar el derecho de las mujeres a decidir. En el contexto de la actual crisis sistémica, el intento de controlar la sexualidad y la reproducción se convierte en uno de los instrumentos más importantes en la brutal ofensiva e involución que a todos los niveles tratan de imponer. No es ni mucho menos la primera vez que sucede (ahí está para recordarlo el estudio de Silvia Federicci sobre el significado de la caza de brujas), ni tan siquiera en nuestra historia reciente, pero parece claro que en momentos de crisis, el control de la reproducción y la sexualidad de las mujeres, y por tanto de sus cuerpos, se convierte en un elemento fundamental para reprivatizar la reproducción social. Los discursos que explícita o implícitamente cuestionan los derechos conseguidos, y las políticas que los limitan como son el anteproyecto de ley sobre el aborto, la eliminación de los ya limitados servicios de atención a la dependencia, la reducción de las escuelas infantiles, los efectos de las sucesivas reformas laborales, los recortes a recursos y servicios sociales, y un largo etcétera, son un reflejo de ello.

El aborto como moneda de cambio

El título del anteproyecto presentado por el gobierno tiene una carga ideológica que no permite duda alguna: “ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Se considera a las mujeres como incubadoras, portadoras del feto, con derechos derivados de su condición de embarazadas, puesto que, en palabras del Ministro de Justicia “el derecho por excelencia de las mujeres es el de ser madres”. La maternidad, a la que el feminismo había dado una resignificación, considerada como una opción en el proyecto de vida de las mujeres, reaparece con fuerza en el discurso oficial como una imposición y un imperativo divino que marca la naturaleza de la condición femenina y por tanto la posición de todas las mujeres en la sociedad. Desde el gobierno se recupera así el discurso franquista de negación de las mujeres como seres sexuales y la maternidad como su destino natural.

En el anteproyecto las mujeres desaparecemos como sujetos de derechos, para pasar a ser algo instrumental a los derechos “del concebido”, al que además se atribuye personalidad jurídica, en una de las manifestaciones más misóginas de desprecio absoluto a la vida de las mujeres.

Pero además el momento elegido para presentar el anteproyecto de reforma de la ley del aborto y su propio contenido, son un ejemplo de cómo se utiliza nuestro cuerpo como moneda de cambio. En este caso es el gobierno quien lo hace para fidelizar el voto de los sectores más montaraces del PP. Y para ello se recurre, de forma reiterada, a la constitucionalidad de la propuesta, encontrando en la “Constitución española” un inestimable apoyo a las propuestas más reaccionarias. Ahora que se está revisando críticamente la llamada Transición Política, conviene no olvidar que la Transición también está en deuda con las mujeres. Los pactos que se suscribieron los partidos con presencia parlamentaria y que acabaron dando forma a “La Carta Magna”, también utilizaron el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio en las negociaciones. El texto aprobado fue un regalo para los anti-elección (entonces con ropajes y siglas distintos a los de ahora, pero con el mismo ideario), que consiguieron imponer que “todos tienen derecho a la vida” frente a la propuesta inicial en la que figuraba “todas las personas tienen derecho a la vida”. Un pequeño matiz con una enorme significación y trascendencia que provocó la crítica y rechazo de todo el movimiento feminista y que, en la actualidad sirve al gobierno, con Gallardón a la cabeza, para incluir en ese “todos” al “nasciturus” y despojar del derecho a decidir a las mujeres.

Un anteproyecto cruel

Este perverso anteproyecto plantea multitud de problemas concretos para las mujeres. Si saliera adelante la propuesta del gobierno, el 94% de las mujeres que abortan se convertirían en “delincuentes”, fueran o no a la cárcel, porque una de las funciones de esa propuesta es criminalizar y estigmatizar el aborto, culpabilizar a las mujeres que abortan y a su entorno. Supondría en la práctica la prohibición del aborto salvo para algo más del 5% de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo. Es decir para el 0,02% (datos de 2009), que son quienes abortaron por haber sido violadas, y el 5,67% (datos de 2011) que corresponde a las que lo hicieron acogiéndose al supuesto de riesgo grave para su salud y su vida. Quizás, si se confirma la táctica que utiliza el PP que ya ha experimentado con otros temas, por la que, tras propuestas extremas que generan un rechazo generalizado incluye alguna variación haciendo aparecer el resultado como una mejora, puede que en su propuesta final incorpore la despenalización del supuesto de “riesgo de malformación grave del feto”. En ese caso el porcentaje de mujeres que podrían interrumpir voluntariamente su embarazo en las crueles, inhumanas y degradantes condiciones que prevé el anteproyecto llegaría a un exiguo 8%.

Esto es una parte del problema, la otra es la situación en la que quedarán el resto de mujeres, ni más ni menos que el 94% o 92% de las que interrumpen voluntariamente un embarazo y a las que el gobierno situaría fuera de la ley. ¿90.000 mujeres van a tener que salir a otros países a abortar? Semejante escándalo social hace pensar en la imposibilidad de que lleguen a aplicar la ley, y también en las muy diversas formas de desobediencia civil que, en caso de que se aprobara el anteproyecto, habrá que poner en marcha. No nos coge de nuevas, y como dice la canción: “cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos”.

Se puede afirmar por tanto que el anteproyecto que plantea el gobierno supone no solo un reforzamiento de la consideración penal del aborto en la medida en que serán muy pocas las mujeres que podrán abortar en los supuestos despenalizados, menos que quienes podían hacerlo con la ley del 85 y con la del 2010 (todavía vigente). En todos estos casos persiste un problema: que el aborto se considere un delito, y si realmente se quieren resolver los problemas con los que se encuentran las mujeres que deciden abortar, la experiencia colectiva de 35 años de movilización por el derecho al aborto reafirma la salida que se plantea desde las organizaciones feministas,: el aborto se debe regular como derecho y tiene que salir del Código Penal.

La negación del derecho al aborto está en la base de la involución democrática a la que estamos asistiendo por la que tratan de imponer su salida a la crisis. Las libertades, la ciudadanía inclusiva y la democracia como aspiración que compartimos muchas gentes son incompatibles con negar la posibilidad de decidir sobre su vida a las mujeres.

La defensa del derecho al aborto nos compete a todas y todos.

Justa Montero forma parte de la Asamblea Feminista de Madrid

Una versión reducida de este artículo ha sido publicada en Diagonal el 8/2/2014
http://www.diagonalperiodico.net/panorama/21584-nosotras-decidimos.html