Aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción voluntaria del Embarazo: Una vez más, los derechos de las mujeres, vulnerados.Colectivo Harimaguada

El lunes 5 de julio de 2010 entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ante este hecho, El Colectivo Harimaguada quiere manifestar públicamente:

Su rechazo a la aprobación de dicha ley, ya que, en el último momento, recorta los derechos que, en teoría, reconocía la ley, restringiendo al derecho a decidir de las mujeres.
La ley se aprueba sin asegurar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública, sin garantizar la equidad territorial, y sin regular el derecho a la objeción de conciencia, mermando posibilidades de prestación en los centros sanitarios públicos.

La ley se aprueba manteniendo el aborto en el código penal y sin garantías en el acceso al aborto a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas de gestación, exigiendo múltiples informes que prolongan un proceso duro ya para la mujer, y que hacen peligrar el ejercicio de la prestación, teniendo en cuenta que se encuentra limitado por un plazo de 22 semanas. No es comprensible que con la nueva ley aumenten las limitaciones e incluso sean ilegales abortos que habían tenido cabida en la regulación del año ’85, hasta ayer vigente.

El decreto 825/2010 de 25 de junio lesiona aún más los derechos de autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, obligadas no sólo a entregar el consentimiento informado por uno de sus tutores legales, sino a ir acompañadas en su entrega por uno de ellos. Por el contrario, se desconocen las medidas que se pondrán en marcha para garantizar que la Educación y Atención Afectivo Sexual integral y de calidad sean una realidad.

Mientras, medidas de presión sobre la libre decisión de las mujeres como el período de espera de tres días y la información previa al consentimiento, se mantienen.

Con todo esto, la aplicación de la Ley en Canarias está doblemente amenazada, y como preveíamos peligra. Según declaraciones del Ministerio de Salud, las Consejerías autonómicas debían remitir, antes del 4 de julio, un informe descriptivo de las actuaciones para hacer efectiva la entrada en vigor de esta ley. Sin embargo, en Canarias, no se ha publicado, ni se ha dado a conocer ninguna orden de aplicación de este texto legislativo, de obligado cumplimiento.
Las mujeres canarias nos enfrentamos a un gobierno conservador que atenta contra el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, poniendo cortapisas a esta ley, abriendo cauces para subvencionar organizaciones anti-elección (recordemos el artículo 51 Derecho al embarazo y a la maternidad. de la ley canaria de Igualdad), atacando los derechos ya conseguidos. Recordemos que la responsable máxima de la Consejería de Sanidad, doña Mercedes Roldós, pertenece al Partido Popular y, como todas y todos sabemos el PP ha abanderado una campaña regresiva en contra de esta Ley, presentando un recurso de inconstitucionalidad a la misma. Y su socio en el gobierno canario, Coalición Canaria, aludiendo al “voto en conciencia”, votó en contra. ¿Qué podemos esperar, por tanto, de este gobierno a la hora de respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres canarias?

Ante esta realidad, demandamos:

La rectificación del Gobierno del Estado respecto a los decretos aprobados, que vulneran claramente el espíritu con el que, teóricamente, fue elaborada la Ley: el respeto al derecho a decidir de las mujeres.

La aplicación y desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Canarias garantizando el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad, calidad, intimidad e igualdad.

La aplicación y desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Canarias, garantizando la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una Educación y Atención Afectivo Sexual basada en un concepto positivo del hecho sexual humano y de la diversidad sexual, como una tarea conjunta de todos los agentes sociales implicados: la familia, el centro educativo, los sistemas sociales de apoyo, el grupo de iguales y los medios de comunicación.

Insistimos: el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos requiere tener voluntad política y dedicar muchos más recursos públicos a la información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen estos derechos. Y la actual política del gobierno canario no parece seguir este camino. ¡Tendremos que exigirla!