Aborto y salud pública

NICOLÁS GARCÍA RIVAS

La Dirección General de Salud Pública ha presentado su Informe anual sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en el que se acredita la práctica de 112.138 abortos legales en España durante 2007, de los que 15.307 correspondieron a mujeres menores de 20 años. Ambas cifras han llamado la atención y suponen un incremento importante respecto a las de años anteriores, lo que indica no sólo que el aborto se utiliza indebidamente como método anticonceptivo, sino también que estamos ante un problema grave de salud pública, pese a lo cual el 98% de las IVE se practicaron en centros privados; dato este último que ha suscitado menos comentarios pese a la enorme relevancia que tiene.
El sistema legal español exige a la mujer una certificación médica que acredite la concurrencia de las indicaciones establecidas (salvo en caso de violación, casi irrelevante), ya sean las posibles taras físicas o psíquicas del feto, o el peligro para su propia salud. De acuerdo con los datos registrados de 2007, el 97% de las IVE se ampararon en el riesgo para la salud psíquica de la embarazada. Los grupos antiabortistas han aprovechado este altísimo porcentaje para desprestigiar la ley española -calificándola de coladero-, por considerar que en muchos casos la enfermedad es ficticia y los certificados médicos se despachan sin rigor. Frente a esta interpretación extravagante, cabe analizar el problema desde un ángulo muy diferente.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado en su informe Aborto sin riesgos (2003) que, en la fase previa a la práctica de éste, el médico debe limitarse a ofrecer a la gestante la información necesaria para que pueda adoptar su decisión en libertad, con pleno conocimiento de los riesgos a los que se expone. Sin embargo, nuestro sistema jurídico le asigna un papel excesivo, pues le obliga a decidir si el aborto se realiza o no bajo las condiciones legales, lo cual le sitúa al albur de las campañas emprendidas por organizaciones fundamentalistas contra una práctica absolutamente lícita. El hostigamiento judicial al que fueron sometidas varias clínicas madrileñas a comienzos de este año y la consiguiente restricción del acceso al aborto legal para muchas mujeres (obligadas a revivir el lacerante turismo abortivo) demuestran que dicha amenaza no es sólo aparente. Por tanto, aunque sólo fuera para evitar este perjuicio masivo, el Gobierno debería enviar al Congreso, sin demora, una ley de plazos capaz de satisfacer el derecho reconocido a la mujer en la IV Conferencia Mundial (Beijing, 2005). Esto es, «controlar las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción o la discriminación».

Pero no basta con adoptar una ley de plazos para garantizar en su integridad los derechos de la mujer. En un sistema sanitario como el español, de cobertura universal, resulta impresentable que casi todos los abortos se realicen en clínicas privadas, como si se tratara de una práctica caprichosa o vergonzante. El sistema público de salud debe hacerse cargo de la intervención de manera gratuita -como se hace cargo de cualquier otra-, sin que ese derecho pueda quedar supeditado a la objeción de conciencia médica. La Estrategia mundial de salud reproductiva, establecida por la Organización Mundial de la Salud en 2007, afirma que uno de los retos fundamentales en este campo «consiste en formular estrategias nacionales que aseguren la accesibilidad de los servicios de salud reproductiva para las personas que más lo necesiten» con el fin de garantizar la equidad en las prestaciones. Por ello, resulta sumamente preocupante el diagnóstico que efectúa la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAIE) en su informe de mayo de 2008, en el que califica el acceso al aborto en nuestro país como un «mapa de inequidad» y reclama por ello a los poderes públicos las reformas legales necesarias para que la IVE se incorpore al sistema nacional de salud como una prestación más, practicada en hospitales públicos. Algo en lo que también ha insistido el Consejo de Europa este mismo año.

En un marco legal del aborto así normalizado podría resolverse, además, el difícil problema de la autodeterminación de las menores gestantes. La Ley de autonomía del paciente concede validez al consentimiento a partir de los 16 años y únicamente obliga a informar a los padres cuando la intervención médica sobre el menor implique un grave riesgo. De ese régimen general queda exceptuada la IVE. Cuando una adolescente quiere abortar en nuestro país (4.641 lo hicieron en 2007) se le exige una autorización de los progenitores, lo que no sólo infringe la Convención de Derechos del Niño (que rige a todos los efectos en España, tras su ratificación en 1990, y en la que prevalece siempre el interés del menor), sino que se opone a las directrices adoptadas por la Organización Mundial de la Salud para lograr un aborto sin riesgo en adolescentes. En este sentido, es digna de mención la iniciativa del Colegio de Médicos de Cataluña, que ha reconocido en su código deontológico normas para garantizar la autonomía de las menores que acrediten suficiente madurez y la confidencialidad de la intervención realizada sobre ellas. Dichas disposiciones fueron suspendidas de inmediato por un juzgado contencioso-administrativo, a requerimiento de un grupo de médicos antiabortistas, aunque ello aboque indirectamente a las adolescentes embarazadas a los riesgos sanitarios propios de las clínicas clandestinas. Para evitar esta tergiversación tan grave debería reformarse la Ley de autonomía del paciente y someter la IVE a los criterios generales del consentimiento informado, lo que permitiría a las adolescentes con 16 años cumplidos tomar las decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva en libertad y con plenas garantías.

NICOLÁS GARCÍA RIVAS es Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla- La Mancha