Aborto en Nafarroa: ¡En la sanidad pública, ya!

Navarra, tierra de contrastes y de algunas otras cosas más, nos vuelve a sorprender. Esta vez ha sido gratamente. La Cámara de Comptos, organismo dependiente del Parlamento encargado de fiscalizar las cuentas públicas, presenta un informe en el que no sólo sugiere, sino que afirma rotundamente, que las Interrrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se deben hacer, y salen más económicas, en los centros públicos. Analicemos por partes, el enjundioso contenido del informe, realizado, por cierto, a petición de la izquierda parlamentaria. Nadie piense que al Gobierno de Navarra le importa un pito la salud sexual y reproductiva de las mujeres y menos las cuantiosas sumas que gasta en sostener los chiringuitos privados que prestan servicios médicos.

En primer lugar hace un estudio exhaustivo y riguroso sobre los costes de las intervenciones en la clínica privada de Antsoain, y llega a una conclusión que es casi un clásico en las manifestaciones que se producen continuamente en contra de la privatización de la sanidad pública: es sustantivamente más caro lo que se paga a los centros privados por las prestaciones y servicios que debe hacer la salud pública, que realizarlos en los centros públicos propios. Detalla casos concretos y precios y hace varias comparativas, en las que se ve el desfase de precios y costos, por lo que recomienda que se economice utilizando los servicios y centros públicos. La pregunta se une a las preguntas que estos días se están haciendo miles de personas en nuestra sociedad navarra ¿por qué los políticos y las políticas que gobiernan la Comunidad foral insisten de forma tan machacona en privatizar las prestaciones y servicios públicos si salen más caros? Urge urgar en los bolsillos de los dineros no sólo públicos, sino también privados, para analizar esta interesante pregunta.

La segunda conclusión que se deriva del informe, interesa mucho a nuestros planteamientos, pues resulta que la realización de la IVE en la sanidad pública garantiza mejor los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo y sexual. Y se refiere a la calidad de la prestación. A la cercanía, a la comodidad y a la buena asistencia para las mujeres que quieren interrumpir un embarazo no deseado. Lo que intriga o llama la atención a la Cámara es la práctica constante de externalizar estas prácticas sanitarias y derivar a las pacientes –y nunca mejor dicho– al centro privado de Antsoain. Y recuérdese que este centro lleva alrededor de un año de funcionamiento, pues anteriormente se las derivaba a otros centros privados de otras comunidades. Señala con mucho acierto, que una práctica tan elemental –hablando en términos de intervención– como es la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, que tiene una realización y una tramitación relativamente ágil, es la idónea para que se haga en los Centros de Atención a la Mujer (CAM), y en los centros hospitalarios, mediante la ingestión de una pastilla hasta las siete semanas o mediante una sencilla intervención quirúrgica.

Y aquí entra el segundo gran descubrimiento del informe de la Cámara, cuando hace público que en el flamante registro de personal objetor del Complejo Hospitalario de Navarra sólo hay apuntada una persona. Es decir que hay personal de sobra para realizar estas intervenciones, hay instalaciones superpreparadas y, además, el circuito normal de asistencia a las mujeres embarazadas, pasa por que acuda a los CAM para realizar la primera consulta y la asistencia normal, hasta que se las deriva a la clínica privada. O sea, que el circuito público es más accesible para la usuaria.

La tercera conclusión que refleja el informe da en uno de los clavos centrales de la cuestión. A lo largo de los datos que se han barajado se observa uno que llama la atención, y es que, de las pacientes sometidas a intervención, consta que el 38,7% de ellas no utilizan métodos anticonceptivos. Se debe señalar que la media estatal es del 31,8%. Por eso una de las recomendaciones importante del informe dice literalmente que se debe “analizar más a fondo el perfil de la mujer a la que se le practica una IVE con el fin de diseñar una estrategia de prevención de embarazos no deseados adecuada, teniendo en cuenta el porcentaje que no utiliza ningún método anticonceptivo, y mejorar la educación y orientación sexual”. Bingo!!! A quince años de la implantación por parte de UPN de la política exterminadora de la educación sexual en los Centros de Orientación Familiar y Orientación Sexual –COFES– se documenta uno de sus mayores logros: crecen de forma alarmante los embarazos no deseados, en una Comunidad que fue pionera en las políticas de educación sexual y en el descenso de aquéllos entre la gente más joven.

Desde nuestra organización nos felicitamos por poner en el candelero de nuevo tres de nuestras reivindicaciones importantes en el campo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: aborto libre y gratuito, en los centros de salud públicos, y unas políticas de educación sexual y reproductiva dirigidas especialmente a los sectores más afectados, como son las jóvenes.

Seguimos con interés las derivas de la política sanitaria navarra: ¿Cumplirá la consejera Vera algo de lo que se le recomienda desde la Cámara de Comptos? Y si no lo hace, ¿sería éste un caso de “scrache” institucional por acoso a las mujeres no atendidas como se merecen y como ordena la legalidad vigente?

16/04/2013

Elena Lakabe, Oihana López y Begoña Zabala forman parte de la Comisión por el derecho al aborto de Navarra